El origen de esta situación está en una sentencia del Tribunal Supremo hecha pública la semana pasada que obliga a Iberpotash a presentar un plan de restauración para el espacio que ahora ocupa la montaña de sal del Cogulló, en Sallent (Barcelona), originada por la actividad de extracción de potasa que realiza la compañía minera.Martínez Álamo asegura que Iberpotash, compañía del grupo israelí ICL, "ha actuado siempre de acuerdo con la legalidad" y no es de recibo que se haga responsable a la empresa de lo que "las administraciones han aprobado", en referencia a que la actividad se ha llevado a cabo siempre con los permisos necesarios obtenidos de las administraciones competentes.Esta "inseguridad jurídica" pone ahora en riesgo la segunda fase del Proyecto Phoenix, en la que se pretendía invertir 270 millones de euros y que incluía el traslado y ampliación de la terminal de Tramer, filial de Iberpotash, en el Puerto de Barcelona. Esta ampliación tiene un presupuesto de 100 millones de euros y es necesaria para poder dar salida en los mercados internacionales a la producción de sal y potasa de la compañía en los próximos años.En respuesta a una pregunta de Diario del Puerto, el consejero delegado de Iberpotash ha asegurado que no le gustaría que esta ampliación quedará en el aire pero que, "tras la sentencia del Supremo tenemos que valorar qué es lo que pasará". Iberpotash estaba a punto de dar luz verde a esta segunda fase del Proyecto Phoenix, decisión que ahora se retrasará. Este proyecto es para Iberpotash algo más que un plan de empresa, es un "proyecto de país" ya que "une los intereses de una compañía con los de un país que quiere ser punta de lanza" a nivel internacional, subrayó Martínez Álamo en su intervención en un acto organizado por la Cámara de Comercio de Barcelona.El Proyecto Phoenix supone una inversión de 800 millones de euros en diferentes fases, de las cuales la primera está a punto de finalizar. Su desarrollo asegura la actividad económica de la compañía a muy largo plazo y quiere ejercer de imán para la llegada de nuevas inversiones industriales en la zona, incluyendo inversiones logísticas, tal y como destacó Martínez Álamo.
Una sentencia del Supremo pone en riesgo la inversión de Iberpotash en el Puerto de Barcelona
La "inseguridad jurídica" que, según José Antonio Martínez Álamo, consejero delegado de Iberpotash, existe en España para el desarrollo de la actividad industrial podría retrasar la puesta en marcha de la segunda fase del Proyecto Phoenix de la compañía, que incluye entre otras actuaciones la ampliación de su terminal en el Puerto de Barcelona.
- 28 septiembre 2018 22:33
- Última actualización
28 septiembre 2018 21:33