Isabel Bonig presentó la ponencia "La concertación entre las administraciones públicas para el desarrollo del Plan de Infraestructuras, Territorio y Vivienda, PITVI", en el marco de la jornada organizada por la Asociación Española de Transportes para la presentación del Plan. Como ejemplo de concertación la conselleria puso al Corredor Mediterráneo, para cuya ejecución el Ministerio asumió el proyecto de la Generalitat del Tercer Carril. Para Bonig, "es una ocasión única para la revitalización económica de la fachada mediterránea y de buena parte de la península". La actual marcha de los mercados, "implica la creación de nuevos flujos de comercio marítimo intercontinental: entre Asia y América a través del Pacífico, y entre Asia y Europa a través del Índico, Suez y el Mediterráneo", añadió.En este contexto, aseguró Bonig, "la mejor alternativa para las mercancías con origen y destino en centroeuropa son los puertos del Arco Mediterráneo. Existe, por tanto, una oportunidad histórica de desarrollo económico ligada al sector portuario y al logístico. La demanda de estos servicios va a crecer de forma significativa y no es factible que un único puerto pueda atender todas las líneas marítimas". En opinión de consellera, "la Comunitat está en una magnífica ubicación en el Mediterráneo occidental y es el puerto con mejor hinterland respecto al interior de la Península. Valencia es el primer puerto de todo el Mediterráneo en tráfico de contenedores y con volúmenes crecientes a pesar de la crisis, y el quinto de Europa". "Por tanto, reiteró Bonig, para España es crucial disponer cuanto antes de una red ferroviaria que conecte, en ancho internacional, los puertos de la fachada mediterránea con el resto de Europa. Y eso se llama Corredor Mediterráneo."
Autopista AP-7 En su intervención la consellera se refirió también a la autopista AP-7, cuya concesión vence en 2019. "Una infraestructura que ya se ha amortizado por el concesionario y que, en el momento que revierta al patrimonio común, podrá ser utilizada por más conductores particulares y empresas de transporte, reduciendo la presión sobre las carreteras N-340 y N-332, que sufren fuertes congestiones en numerosos tramos y presentan elevados índices de siniestralidad vial". La posición de la Generalitat, señaló, "no es exigir la liberalización inmediata de la AP-7 sino abogar porque el Estado deje vencer la concesión en 2019, de modo que una vez llegado este término, la infraestructura sea bien de uso gratuito o bien se pague un canon estricto para mantenimiento, siempre dentro de una solución homogénea y con igualdad de trato para toda España".