Con fecha 18 de enero de 2012, la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias abrió expediente sancionador, tras la denuncia de uno de los agentes colegiados, contra el Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Santa Cruz de Tenerife. La conducta denunciada habría consistido en la aprobación, por parte de dicho Colegio, de un acuerdo, adoptado por mayoría absoluta en la Junta General Ordinaria celebrada en Santa Cruz de Tenerife el día 1 de enero de 2007, mediante el cual se decidía "imponer la obligación de adquirir los impresos en este Colegio, tanto de Aduanas como de Gobierno de Canarias (DUAS, ITP, ETP, etc.), a todos los colegiados, incluidos los que despachen a través de sociedades o de cualquier otra forma de persona jurídica. De la misma manera, se prohíbe la venta por parte de los Colegiados, de forma personal o participada, a terceros". En su Resolución de 2 de julio de 2013, el Consejo de la CNC considera que tanto la obligación impuesta a los colegiados de adquirir en el propio Colegio los impresos, como la prohibición de su venta son medidas que "tienen el objeto de concentrar, por medios ilícitos, la demanda de impresos en el Colegio".