El Informe del Tribunal de Cuentas de la UE es contundente: “Los Programas Marco Polo I y II de financiación de proyectos para el desvío de cargas de la carretera han resultado ineficaces y, en su diseño actual, deberían suspenderse”.Esta es la recomendación remitida a la Comisión Europea y argumentada en un informe de más de cincuenta páginas en el que el Tribunal pone en evidencia las carencias de este instrumento de financiación.En primer lugar, el Tribunal de Cuentas desvela la enorme distancia entre los objetivos propuestos por el Programa Marco Polo para el desvío de tráficos de la carretera y los resultados finalmente alcanzados.Así, en el Marco Polo I, aplicado en el periodo 2003-2006, el objetivo era desviar de la carretera 48.000 millones de toneladas-kilómetro, cuando el desvío finalmente logrado fue de apenas 22.080 millones, lo que representa tan solo un 46% del objetivo.En el caso del Marco Polo II, vigente en el periodo 2007-2013, los datos disponibles analizados por el Tribunal de Cuentas son hasta 2011 y partían de un objetivo de desvío anual de 20.500 millones de tn/km, que si bien debían ser también alcanzados de la mano de otros proyectos de financiación de infraestructuras finalmente no materializados, sí al menos el programa Marco Polo II debía haber logrado una parte sustancial de ese desvío. Pues bien, a falta de que se completen los datos de 2013 para tener una media de todo el programa, el mejor dato es el de 2007, cuando se cumplió el 36% del objetivo, habiendo años como 2009 donde apenas se logró un 18% del desvío previsto.Además de la ineficacia por el limitado impacto del desvío de tráficos, el Tribunal de Cuentas lamenta que el Programa Marco Polo fuera diseñado sin posibilidad de evaluación de su impacto real. Por poner un ejemplo, según la institución europea el compromiso de la Comisión de que cada euro invertido en el Programa Marco Polo I generaría un beneficio medioambiental de 13,3 euros es imposible de medir.Con todo, hay dos aspectos particularmente graves en el Informe acerca de la naturaleza de los proyectos seleccionados. Por un lado, el Tribunal de Cuentas denuncia la escasa sostenibilidad de los proyectos adjudicados, en el marco de unos convenios que a su juicio ni establecían la sostenibilidad de los mismos una vez concluido el periodo de financiación ni tampoco establecían instrumentos para medir dicha sostenibilidad.Según el informe, “muchos beneficiarios del programa decidieron terminar los proyectos mucho antes del vencimiento de sus contratos y muchos de los que concluyeron un proyecto finalizaron o modificaron significativamente el alcance del servicio una vez terminada la financiación”.Incluso, “en seis de los dieciséis proyectos controlados por el Tribunal, cuando se llevó a cabo la fiscalización ya había dejado de prestarse el servicio subvencionado (debido al volumen insuficiente o a la retirada o quiebra de uno de los socios) y otros dos continuaron, pero con un alcance reducido”, se asegura.Por otro lado, el Tribunal de Cuentas denuncia el denominado efecto de “peso muerto” en el Programa Marco Polo, es decir, la constatación de que muchos de los proyectos se hubieran emprendido sin necesidad de financiación europea.Según el Tribunal, se ha demostrado que “la financiación de la UE permitía iniciar antes los proyectos, incrementar la dimensión del servicio u obtener un rendimiento anticipado de las inversiones”.Ahora bien, del mismo modo, “trece de los dieciséis beneficiarios controlados por el Tribunal confirmaron que habrían iniciado y prestado el servicio de transporte incluso sin subvención; el evaluador Ecorys indicó que la mayor parte de los proyectos también se habrían emprendido sin la subvención; y, de igual forma, según la propia Comisión, el 42 % de los beneficiarios habrían señalado que es indudable que sus proyectos habrían seguido adelante sin los fondos Marco Polo”.Es decir, las ayudas han estado muy lejos de ser decisivas cuando, además, según denuncia el Tribunal, en estos años “no se presentaron suficientes propuestas de buena calidad y/o pertinentes”, como pone de manifiesto el hecho de que de los 102 millones de euros presupuestados en el Marco Polo I sólo se abonaron fondos por valor de 42 millones (41%), mientras que de los 304 millones presupuestados hasta 2011 para el Marco Polo II sólo se abonaron 77,7, es decir, apenas un 25,5% del total.Por todas estas razones, el Tribunal de Cuentas propone a la Comisión “plantearse la suspensión de la financiación para los servicios de transporte de mercancías que se basen en el diseño de los programas Marco Polo; supeditar el posible mantenimiento de la financiación de estos proyectos a una evaluación previa de impacto que determine si aporta valor añadido y en qué medida; fijar metas realistas sobre los volúmenes de carga que deben desviarse de la carretera; efectuar revisiones periódicas de las realizaciones y resultados de los programas; supeditar la financiación a los resultados; garantizar que se dispone de datos pertinentes para demostrar los resultados obtenidos en las acciones financiadas; reducir, preferiblemente a seis meses, el tiempo necesario para la selección y contratación de los proyectos; establecer como condición necesaria la sostenibilidad de los proyectos durante tres años como mínimo tras su finalización; y resolver el problema del efecto de peso muerto abordándolo durante la evaluación de los proyectos”.