La Federación Española de Transitarios (FETEIA-OLTRA) hizo pública ayer en Barcelona su intención de batallar hasta las últimas consecuencias contra el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Los miembros del comité ejecutivo de la federación que se dieron cita ayer en la capital catalana no dudaron en mostrar su indignación por esta iniciativa legislativa que, a juicio de FETEIA, es un auténtico “abuso” y “atropello”, según lo calificó el presidente de la entidad, Enric Ticó.
La indignación de FETEIA por un anteproyecto de ley que convertiría a los representantes aduaneros en responsables solidarios de la deuda fiscal de sus clientes después de que éstos se hayan llevado su mercancía es tal que Césareo Fernández, secretario técnico de la federación, aseguró incluso que “se trata del mayor perjuicio normativo que se ha pretendido hacer contra nuestro sector”.
Líneas rojas
Los puntos más espinosos del anteproyecto, que todavía está en discusión en el seno del Gobierno, en lo que se refiere a los representantes aduaneros, son la imposibilidad de liberar la garantía de despacho en un plazo de tres años, “al margen de que no exista deuda aduanera”; su conversión en responsables solidarios de la deuda fiscal de sus clientes y el incremento en un 500% de las sanciones con las que se castigan errores menores en el DUA “que no generan un perjuicio económico alguno para la Administración”, pasando de 100 a 600 euros.
En los dos primeros puntos, FETEIA asegura que los representantes aduaneros “se convertirán en responsables, junto con los importadores y sujetos pasivos del impuesto, de las liquidaciones complementarias que puedan emitir las Aduanas en la fase de inspección posterior al despacho y nacionalización de las mercancías durante los tres años siguientes al despacho de las mercancías importadas”.
Esta medida “generará un riesgo empresarial y coste económico enorme, además del agravio comparativo con el nivel de reponsabilidad exigido a otros profesionales que actúan mediante representación voluntaria de sus clientes ante la Agencia Tributaria, como abogados, asesores fiscales o gestores administrativos”, remarca FETEIA.
Respecto al incremento económico de las sanciones, la federación lo achaca “exclusivamente a fines recaudatorios” y asegura que se trata de una “medida arbitraria y sin consideración alguna”.
Un antes y un después
La indignación de FETEIA no se debe únicamente al impacto negativo que esta normativa tendría en caso de aplicación, sino también al hecho de que el sector no haya sido consultado ni informado en ningún momento durante la elaboración del anteproyecto.
“Si nos hubieran consultado, habríamos colaborado en hacer un buen anteproyecto”, señaló ayer Enric Ticó. Y añadió que este hecho “supone un punto de inflexión clarísimo en nuestra relación con la administración del Estado y, concretamente, con Aduanas”.
Destrucción de empleo
Las consecuencias de aplicación de la normativa pueden ser tremendas, a juicio de la federación, que calcula que podría darse la destrucción de más de 25.000 puestos de trabajo en empresas aduaneras y transitarias porque la ley impactaría especialmente en las pequeñas y medianas empresas del sector.
Por todo ello, además de haber presentado en tiempo y forma las observaciones al anteproyecto de Ley, FETEIA ha diseñado un plan de acción junto al Consejo General de Colegios de Agentes de Aduanas de España y la Asociación Española de Couriers Internacionales (AECI) que incluye desde entrevistas con distintos estamentos de la Administración del Estado a contactos con la prensa económica española para dar a conocer el alcance del anteproyecto, pasando con encuentros con los distintos puertos y aeropuertos españoles “para informarles de un proyecto que se ha movido de forma tan sospechosa”, apuntó el presidente de la federación.
Y es que desde FETEIA-OLTRA aseguran que el impacto de dicho anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal va a abrir un abismo entre la Aduana española y el resto de Aduanas europeas, con un exceso de burocracia y un incremento significativo de los costes en el comercio exterior, lo que ahuyentará a las mercancías de puertos y aeropuertos españoles. De entrar en vigor, “habrá una pérdida masiva de competitividad de nuestros puertos y aeropuertos”, enfatizó Enric Ticó.
Durante el comité ejecutivo celebrado ayer por FETEIA en Barcelona también se aprobó el plan de actuación de la federación para 2019, así como los presupuestos, y se trató la organización del congreso que la entidad celebrará en Asturias del 19 al 21 de septiembre.