El colectivo denuncia que las nuevas directrices operativas vinculadas a los regímenes de tránsito T1GI y T2GI están generando una carga financiera y una asunción de responsabilidades sin precedentes para las agencias aduaneras de Algeciras y La Línea de la Concepción.
MADRID. La aplicación de las medidas derivadas del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar ha encendido todas las alarmas entre los agentes de aduanas del Campo de Gibraltar.
Según advierte el sector, la aplicación del Nuevo Sistema de Tránsito Automatizado (NCTS) obliga a los operadores a constituir importantes garantías financieras para responder de posibles deudas aduaneras y fiscales derivadas de las operaciones comerciales con Gibraltar.
En la práctica, los agentes de aduanas se ven obligados a asumir riesgos económicos que consideran desproporcionados y ajenos a la función que desempeñan como representantes técnicos de las empresas importadoras y exportadoras.
La preocupación se ve agravada por el enorme desequilibrio existente en la balanza comercial entre la Unión Europea y Gibraltar. Cada año, las exportaciones terrestres desde territorio comunitario hacia el Peñón superan los 1.500 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes de Gibraltar representan una parte mínima de ese volumen.
Esta situación provoca que la totalidad de las nuevas obligaciones y responsabilidades recaiga prácticamente sobre los operadores españoles, especialmente sobre las pequeñas y medianas agencias aduaneras radicadas en La Línea de la Concepción y Algeciras.
Avales y garantías
El sector estima que el volumen global de avales y garantías que las empresas deberán mantener para atender estas exigencias supera ampliamente los 400 millones de euros, una cifra que consideran inasumible para muchas compañías.
Los agentes de aduanas recuerdan que no son entidades financieras ni aseguradoras, sino profesionales especializados en la gestión y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Además del impacto financiero, los operadores alertan de un retroceso en la gestión de los flujos comerciales.
A su juicio, las nuevas exigencias sustituyen procedimientos ágiles y consolidados por una operativa más compleja, burocrática y rígida, que incrementa los tiempos de gestión y multiplica el riesgo de incidencias y retrasos en frontera.
Los agentes de aduanas sostienen que la responsabilidad de constituir las garantías vinculadas a las operaciones comerciales debería corresponder a los propietarios o importadores de las mercancías y no a los representantes aduaneros que actúan por cuenta de terceros.
En este sentido, consideran que la interpretación actualmente aplicada traslada de forma desproporcionada los riesgos de la operación a quienes únicamente ejercen funciones de intermediación y representación.
Medidas correctoras
El colectivo advierte de que, si no se introducen medidas correctoras de manera urgente, la situación puede generar graves tensiones financieras, comprometer la viabilidad de numerosas agencias aduaneras de la comarca y dificultar el normal desarrollo de los intercambios comerciales entre la Unión Europea y Gibraltar.
Los profesionales aduaneros insisten en que, de no corregirse de inmediato este criterio de exigencia de garantías por parte de las autoridades aduaneras, a partir del 15 de julio existe un riesgo real de bloqueo en los flujos comerciales, especialmente en las exportaciones desde la UE a Gibraltar, lo que encarecerá el abastecimiento diario del Peñón, resultará devastador para el tejido logística del Campo de Gibraltar y destruirá empleo cualificado en el sector aduanero andaluz.
En consecuencia, el colectivo exige que el Ministerio de Hacienda flexibilice la imposición de garantías y responsabilidades, así como la dispensa global del precintado aduanero de vehículos y mercancías y asegurar que el espíritu de “prosperidad compartida” proclamado en el Tratado no signifique la quiebra técnica de las agencias de aduanas españolas.
El Acuerdo traslada la responsabilidad del buen funcionamiento, control y la lucha contra el fraude aduanero y fiscal a los empresas y profesionales aduaneros privados, cuando son funciones que deben ser ejercidas por la Aduana y en el resguardo de la Guardia Civil, conforme a las normas de derecho comunitario y nacional”.
Por ello, los agentes de aduanas del Campo de Gibraltar solicitan la apertura inmediata de una mesa de diálogo técnico con la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda con el objetivo de revisar el régimen de garantías exigido, buscar soluciones proporcionadas y preservar la competitividad de un sector estratégico para la economía de la comarca y para el abastecimiento del Peñón.
El colectivo reitera su compromiso con el correcto funcionamiento de los nuevos procedimientos aduaneros, pero reclama que su aplicación se ajuste a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y realidad económica, evitando que la búsqueda de mayores controles termine poniendo en riesgo la actividad de quienes hacen posible el comercio transfronterizo cada día.
