El Gobierno ha aprobado un ambicioso paquete de ayudas para hacer frente al impacto económico derivado de la crisis en Oriente Medio, tras un Consejo de Ministros extraordinario marcado por la tensión política y más de dos horas de retraso.
MADRID. El acuerdo final, definido en Moncloa como una solución “equilibrada”, permite sacar adelante un plan con 80 medidas que moviliza 5.000 millones de euros y que entrará en vigor mañana tras su publicación en el BOE.
El retraso del Consejo estuvo motivado por las discrepancias entre el PSOE y Sumar. El socio minoritario exigía incluir medidas de vivienda (como la prórroga de los contratos de alquiler y control de márgenes empresariales), mientras que el ala socialista apostaba por centrar el decreto en el ámbito energético para garantizar su convalidación parlamentaria. Finalmente, el Ejecutivo ha optado por una “solución salomónica” en la que quedarán separados los dos reales decretos y se dará prioridad (desde mañana mismo) a este plan de medidas derivados de la crisis en Oriente Medio.
Durante su comparecencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que el mundo se enfrenta a un “terremoto económico a escala global” y a un horizonte “cargado de incertidumbre”, sin saber si el conflicto durará días, meses o años. Ante este escenario, ha defendido que España está mejor preparada que otros países europeos para afrontar el shock energético, al tener una menor dependencia del gas en la formación del precio de la electricidad.
Dos ejes de medidas
El paquete aprobado se articula en dos grandes ejes. El primero, de carácter coyuntural, busca reforzar el escudo social y proteger a los sectores más expuestos. En este bloque destacan las medidas fiscales energéticas, con una reducción drástica de impuestos: el IVA de la electricidad se rebaja al 10%, se suspende el impuesto a la producción eléctrica y se reduce en un 60% la carga fiscal del sistema. Además, se recorta el IVA del gas natural y de combustibles como la leña, y se congelan los precios máximos del butano y el propano.
En el ámbito de los carburantes, el Gobierno aplicará una rebaja fiscal hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, lo que se traducirá en un ahorro efectivo de hasta 30 céntimos por litro, equivalente a unos 20 euros por depósito para un turismo medio.
El plan incluye también la prórroga hasta diciembre de 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y la prohibición de interrumpir suministros a consumidores vulnerables. Asimismo, se bonificarán los peajes eléctricos, con un impacto estimado de ahorro de 200 millones de euros, y se introducen ayudas directas de 20 céntimos por litro para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, junto con subvenciones para la compra de fertilizantes.
Otras medidas contemplan una mayor flexibilidad en los contratos de suministro energético y el refuerzo del papel de la CNMC, que contará con nuevas capacidades de supervisión y sanción para garantizar que las ayudas se trasladan efectivamente al consumidor final.
El segundo eje del plan tiene un carácter estructural y persigue acelerar la transición energética. El Ejecutivo impulsará la descarbonización y la electrificación de la economía mediante incentivos a las energías renovables, incluyendo deducciones fiscales para la instalación de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de climatización eficientes.
Según el Gobierno, este paquete beneficiará directamente a 20 millones de hogares y a tres millones de empresas, en un intento de amortiguar el impacto inmediato de la crisis sin renunciar a una transformación energética de largo plazo.
Respuesta de Astic
Desde la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) “valoramos como muy decepcionantes para nuestro sector las medidas anunciadas hoy por el presidente del Gobierno para contener las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. Medidas que llegan con mucho retraso y resultan claramente insuficientes frente al fuerte y acelerado incremento del coste del combustible, cuyo impacto ya ha afectado gravemente la liquidez de las empresas transportistas, tanto de mercancías como de viajeros, que las ha llevado a acumular números rojos en los resultados de marzo que ya no serán recuperados en este ejercicio, dados los estrechísimos márgenes con que estas empresas funcionan en un mercado altamente competitivo”.
Respuesta de CETM
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) valora el anuncio de medidas realizado por el Gobierno tras el Consejo de ministros celebrado este viernes, pero considera que “las actuaciones anunciadas resultan claramente insuficientes para hacer frente a la grave situación que atraviesa el sector como consecuencia del encarecimiento del combustible.
Desde el inicio del conflicto en Irán, la CETM ha venido advirtiendo, con datos objetivos, de la intensidad y rapidez con la que se está produciendo la subida del precio del gasóleo. En apenas tres semanas, el incremento ha superado el 32%, una evolución notablemente más acusada que la registrada tras el inicio de la Guerra de Ucrania, donde la escalada fue más lenta y progresiva (casi 40% al cabo de cuatro meses).
Ante esta situación, las medidas anunciadas en rueda de prensa que incluyen una ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para los transportistas, no se ajustan plenamente ni a la urgencia ni a la magnitud del problema. El transporte por carretera soporta una presión creciente sobre sus costes operativos, con un impacto directo en la viabilidad de miles de empresas de todos los tamaños”.
