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La CEV defiende la inversión en I+D+i y digitalización como “palancas estratégicas para aumentar la competitividad”

Los órganos de gobierno de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Comité Ejecutivo y Junta Directiva, aprobaron ayer la incorporación a la CEV de Banco Santander S.A y de La Unión Alcoyana S.A de Seguros y Reaseguros como empresas directamente asociadas.

  • Última actualización
    18 julio 2019 17:31

Con éstas dos últimas altas la Confederación suma un total de 120 empresas directamente asociadas y 138 asociaciones y federaciones que representan, a su vez, a más de 500 organizaciones empresariales.

Asimismo, los órganos de gobierno de la CEV han aprobado la designación de Alberto Ara, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana (ATA-CV), como vocal del comité ejecutivo y de la junta directiva de CEV, y de Santiago Salvador, presidente de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (FEPEVAL), como vocal de la junta.

Mesa Diálogo Social

Los vocales de Comité y Junta fueron también informados de los objetivos con los que la CEV llega a la próxima reunión de la Mesa de Diálogo Social convocada para el 25 de julio.

A falta de reunirse con los secretarios generales de UGT-PV y CCOO-PV, Ismael Sáez y Arturo León, en una reunión de carácter previo prevista para el lunes 22 de julio, el presidente de la CEV comunicó su intención de defender las palancas estratégicas en las que, desde el punto de vista empresarial, debe apoyarse el Consell para potenciar y aumentar la competitividad de las empresas y crear empleo, imprescindible para el progreso económico y social de la Comunitat Valenciana.

Así, tal y como acordaron los órganos de gobierno de la Confederación, la CEV propondrá el aumento de la inversión en I+D+i; el fomento de la digitalización en las empresas; la creación de un Observatorio que luche contra la economía sumergida; el impulso a la colaboración público privada o la exigencia de cumplimiento para los productos de terceros países de los mismos estándares de calidad, seguridad y medioambientales que para los de la Comunidad.