VALENCIA. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analiza cada año los proyectos de órdenes ministeriales que determinan los costes tipo subvencionables en el transporte aéreo y marítimo de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias.
El transporte aéreo y marítimo de mercancías entre la Península y las Islas Canarias, así como entre las propias islas, cuenta con un sistema de subvenciones para cubrir hasta el 100% del coste del transporte de productos agrícolas e industriales.
Cada año, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible fija los costes tipo máximos subvencionables en función de diversos factores, como la ruta, el modo de transporte y las características de las mercancías. Este año, como novedad, se introduce la diferenciación entre “islas capitalinas” y “no capitalinas”, con el objetivo de atender las dificultades adicionales que afrontan estas últimas.
Aunque la CNMC reconoce que las ayudas están justificadas por los sobrecostes asociados a la insularidad, recuerda la importancia de un diseño adecuado para garantizar su eficacia y eficiencia y evitar posibles distorsiones.
En este contexto, reitera recomendaciones ya formuladas en ejercicios anteriores, dado que la metodología aplicada no presenta cambios sustanciales. En particular, la CNMC señala la conveniencia de fijar la metodología en un instrumento normativo, en lugar de utilizar la metodología aplicada por INECO. En ese sentido, el organismo regulatorio es partidario de basar el cálculo en los costes de empresas eficientemente gestionadas, y no únicamente en los costes medios ponderados de los operadores, para evitar sobrecompensaciones a empresas ineficientes.
Por otro lado, insta a realizar un “análisis cualitativo crítico de los costes declarados y de los resultados de la metodología para justificar su razonabilidad, especialmente ante grandes variaciones”, así como impulsar “la evaluación ex post de la eficacia, eficiencia y posibles distorsiones generadas por las ayudas”.
Finalmente, la CNMC pide revisar las reglas que limitan la variación anual de los costes tipo para evitar infrafinanciación en contextos de costes crecientes, y reforzar los mecanismos de verificación de la veracidad de los costes declarados por los operadores.