MADRID, La nueva ley sitúa la movilidad como un derecho ciudadano básico. Esto supone un cambio estructural del modelo de transporte: ahora las decisiones no solo deben considerar eficiencia o coste, sino accesibilidad, sostenibilidad, cohesión territorial e inclusión, valores especialmente relevantes en territorios con puertos o corredores logísticos.
Asimismo, la ley crea un “Sistema General de Movilidad Sostenible” donde participan administraciones estatales, autonómicas y locales, con planes obligatorios en cada ámbito.
También incluye una transición hacia transporte sostenible: electrificación, descarbonización y transporte público/ferroviario incentivado. Se eleva a rango legal los objetivos de descarbonización del transporte, alineándolos con los compromisos climáticos nacionales (horizontes 2030, 2040, 2050). Para el sector de las mercancías, la ley prevé medidas específicas como la mejora de nodos logísticos estatales y autonómicos, zonas de estacionamiento protegidas, impulso al transporte ferroviario, y estímulos al cambio modal desde carretera hacia ferrocarril u otros más sostenibles.
Por otro lado, se tiene en cuenta la transparencia, datos, innovación y gobernanza: nuevas estructuras institucionales y espacio de datos integrado, a través de un “Espacio de Datos Integrado de Movilidad” (EDIM), para recopilar datos de transportes, movilidad, emisiones, uso, etc.