La secretaría general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, celebra “con mucha alegría” la puesta en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible, que se perfila como la piedra angular del futuro marco regulatorio del transporte en España.
madrid. Su contenido fue presentado ayer en Madrid durante un desayuno informativo organizado por Executive Forum, con la colaboración de CONFEBUS y GMV.
“La movilidad es el resultado de los hábitos y las dinámicas sociales fruto de las necesidades de acceso a servicios esenciales, como el empleo, la educación o la sanidad, en un marco determinado por el modelo de ciudad, territorio y económico”. Aunque su mensaje se refería de forma general a la movilidad de personas, su análisis encaja con el entorno actual de la logística puesto que las cadenas de suministro están sometidas a variaciones constantes en los hábitos de consumo, en los patrones de distribución y en la configuración de los territorios.
La presión regulatoria sobre emisiones, la renovación de flotas o la electrificación es determinante en el nuevo texto
Esto obliga a que el transporte de mercancías sea cada vez más resiliente, flexible y tecnológicamente avanzado. En este sentido, “la movilidad es un fenómeno complejo y heterogéneo”, sujeto a realidades territoriales muy distintas, destacando que más del 80% de la población española vive en entornos urbanos o periurbanos, mientras que en las áreas rurales las distancias para acceder a un centro de salud son de media 22 kilómetros, una dualidad que también afecta a la logística y que obliga a políticas diferenciadas, capaces de atender simultáneamente la congestión urbana y el reto de la España rural.
Así, Hernández trazó un recorrido histórico que contextualiza cómo se ha transformado la movilidad desde los años ochenta hasta hoy, un recorrido que afecta directamente al reparto urbano de mercancías (RUM), a los operadores logísticos y a los transportistas autónomos.
Actualmente, destacó la secretaria general, la tensión existente entre movilidad sostenible y accesibilidad es uno de los grandes objetivos de las ciudades, particularmente para la logística urbana, donde la necesidad de acceso es estructural. La secretaria general continuó señalando que a partir de 2010 se consolidó la necesidad de “descongestión” y de disponer de una oferta sólida de transporte público. Esto abrió la puerta a las primeras zonas peatonalizadas, a la implantación de zonas de bajas emisiones y a nuevos modelos de movilidad que han impactado también en el reparto urbano.
El crecimiento del transporte de mercancías, especialmente por carretera, representa uno de los principales retos ambientales del país. Y en un contexto europeo de exigencias climáticas cada vez más estrictas, la presión regulatoria sobre emisiones, renovación de flotas, electrificación, eficiencia energética y despliegue de combustibles alternativos es determinante. En este marco, Sara Hernández señaló “la necesidad de una ley que dé estabilidad y continuidad a las políticas del transporte”.
La tensión entre movilidad sostenible y accesibilidad es hoy uno de los grandes objetivos de las ciudades
A falta únicamente de su publicación en el BOE, la nueva Ley de Movilidad Sostenible será “el resultado del trabajo de mucho esfuerzo y coordinación del Ministerio”. Y su valor esencial será proporcionar “una estabilidad jurídica, coherencia y continuidad a las políticas de movilidad”, algo especialmente relevante para las empresas de transporte y logística, acostumbradas a trabajar con calendarios de inversión y renovación a largo plazo.
Durante su explicación, Hernández enfatizó en varias ocasiones la necesidad de “transcendencia en el tiempo”, algo que justifica que la ley haya sobrevivido incluso después de atravesar 750 enmiendas.
Gobernanza, control financiero y digitalización
La secretaría general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, destacó algunos puntos que considera esenciales de la ley.
- Gobernanza y coordinación administrativa. La norma establece mecanismos de coordinación estables entre administraciones. Según Hernández: “La ley se convierte en derecho”, garantizando un marco duradero para la planificación de infraestructuras y servicios.
- Fondo Territorial y Consejo de Movilidad. “La ley quiere reforzar la comunicación público-privada”, explicó Hernández, un aspecto clave para operadores logísticos, empresas de transporte y plataformas tecnológicas.
- IPEM. La ley crea el Instrumento de Planificación Estatal de Movilidad que permitirá evaluar la eficiencia del uso de los modos de transporte y el impacto de las actuaciones públicas.
- FECMO. El Fondo Español de Contribución a la Movilidad establecerá criterios de financiación objetivos.
- Innovación. La ley obliga a la digitalización del dato, lo que fomentará tecnologías clave para el transporte de mercancías.
