A CORUÑA. Durante la reunión, se repasaron algunas de las reclamaciones más relevantes del colectivo en el marco de la reforma del CAU que han conseguido concretarse, así como las que aún quedan pendientes.
Entre ellas, destaca el riesgo que asumen los agentes de aduanas en los casos de representación indirecta, una figura que, según el Consejo, implica una carga jurídica y económica difícilmente asumible para la mayoría de los profesionales.
Otro de los temas debatidos fue la integración de la gestión de Sanidad Exterior en el Ministerio de Agricultura, una medida orientada a simplificar estructuras y agilizar procedimientos, pero que en la práctica ha generado ciertas disfunciones. La falta de coordinación inicial entre ambos departamentos ha provocado retrasos y confusión en la aplicación de determinados controles, especialmente en lo relativo a mercancías de origen animal y vegetal, entorpeciendo ciertos procesos.
El Consejo abordó también la regulación de las sanciones a nivel europeo para igualarlas. Un tema que sigue sin consenso entre los Estados miembros. La falta de acuerdo provoca desigualdades en la aplicación de sanciones, aunque, según reconoció el presidente del Consejo General, Antonio Llobet, “por el momento esto nos favorece”, en referencia a la normativa más flexible que aplican las autoridades españolas en las aduanas territoriales.
Otro de los puntos clave tratados fue el estado de implementación del sistema H1 aduanero, la nueva herramienta digital para el envío de datos diseñada con el objetivo de unificar y modernizar los procesos de declaración. Pese a los avances alcanzados, el Consejo advirtió que su despliegue aún no está plenamente operativo, lo que ha provocado errores en la transmisión de información y en la gestión documental, ralentizando procesos. Estos problemas técnicos, señalaron, están afectando a la eficiencia del despacho aduanero y requieren una adaptación progresiva para evitar errores puramente técnicos.