Este endurecimiento, “que hubiera sido insostenible”, detalló Llobet, “nos hubiera igualado a países cómo Estonia, Letonia, Polonia y Chipre, lo que de confirmarse hubiera provocado el desplazamiento de nuestra actividad a otros Estados de la UE con un régimen de responsabilidad del representante más favorable”.
Este hecho, además, hubiera tenido un efecto colateral, como es la “concentración” del mercado en los operadores de mayor tamaño que, según Llobet, “hubieran sido los únicos con capacidad para aguantar este endurecimiento y, por tanto, hubiera existido un claro riesgo de pérdida de actividad para autónomos, pymes y micro pymes”. El efecto inmediato, por tanto, hubiera sido la pérdida de empleo en España como resultado de los impactos anteriores, “pues si la actividad en España es menor y se concentra en menor número de empresas de mayor tamaño, el empleo se resiente”.
Más costes financieros
Para Enric Ticó, presidente de FETEIA-OLTRA, las novedades del Proyecto de Ley en materia aduanera tenían como objetivo principal asegurar el cobro del IVA a la importación no solo del sujeto pasivo o de su garante, sino también del representante aduanero, “que no hay que olvidar que es un mero prestador de servicios”.
Para ello, el nuevo Proyecto de Ley establecía que el ámbito de actuación del representante aduanero dejaba de limitarse al periodo de tiempo en que la mercancía se encuentra dentro del recinto aduanero y se aumentaba el plazo general de la normativa tributaria hasta los cuatro años.
De este modo, según Llobet, los representantes aduaneros hubieran pasado a soportar mayores costes financieros como resultado de su nuevo régimen de funcionamiento. “Además, hubiera existido un elemento de mayor riesgo potencial en caso de que las entidades de crédito empezaran a considerar el mayor nivel de riesgo del representante a la hora de fijar el coste de las garantías”, añade.
En este sentido, Enric Ticó apunta que “en pleno año 2021, lo que tendría sentido es que el IVA a la importación pasara a ser un impuesto diferido o autoliquidable por su correspondiente sujeto pasivo en el país de la UE dónde se vayan a consumir los bienes o donde resida el importador, sin necesidad de que ningún representante aduanero tenga que pagar ni garantizar el IVA de su cliente”. “El IVA es un impuesto neutro, que solo debe gravar el consumo, al tipo que corresponda en el país donde se vaya a comercializar y que solo es deducible por parte del importador, por lo que deberían dejarnos a los representantes aduaneros fuera de ese círculo”, agrega Ticó.
Sanciones
De entre todos los cambios que introducía la primera propuesta de Proyecto de Ley hay que destacar el nuevo baremo sancionador. “Ha de considerarse el impacto derivado del riesgo potencial de la publicación tal y como estaba redactada, con el incremento de las sanciones por incumplimientos formales en materia aduanera”, recuerda Llobet.
Por otra parte, el Anteproyecto de Ley contra el fraude pretendía regular en la normativa española cuestiones reguladas en el CAU, que según Ticó, “parecían no resultar del agrado” del legislador, como es la cuestión de la responsabilidad solidaria de los operadores cuando aportan las garantías en los despachos realizados con representación directa.
Del mismo modo, el presidente de FETEIA considera que “no resulta procedente que un tercero se haga responsable de las deudas del sujeto pasivo”. De hecho, a llegó a calificar la medida “discriminatoria e inconstitucional”, puesto que los demás colectivos que prestan servicios frente a la Administración, -abogados, asesores fiscales o gestores administrativos- no estaban sometidos a esta obligación.
Riesgo de mora
“Si estas medidas hubieran llegado a aplicarse, hubiéramos tenido que comenzar a generar colchones de capital, como las entidades de crédito, puesto que uno de los aspectos más importantes de nuestra situación financiera pasaría a ser el riesgo de mora por parte de los clientes, por absurdo que resulte”, afirma Ticó.
Según el presidente de FETEIA, en la situación en la que se encuentra el país, “no resulta procedente añadir un riesgo adicional a la viabilidad de empresas que, no solo han demostrado su capacidad de hacer las cosas bien antes y durante la pandemia, sino que llevan en su ADN ser colaboradores de confianza de la Administración; lamentablemente, la manera en que nos lo pagan es abocándonos a tener que afrontar graves problemas”.
En definitiva, este proyecto de Ley suponía “un importante atropello a nuestra actividad”, insiste Enric Ticó.
“Con este panorama hubiera sido imposible ejercer la representación aduanera”, concluye Antonio Llobet.
Uno de sus efectos colaterales hubiera sido la concentración del mercado en los operadores de mayor tamaño que serían los únicos que podrían aguantar este endurecimiento y, por tanto, hubiera habido un claro riesgo de pérdida de actividad para autónomos, pymes y micro pymesAntonio LlobetPresidente del Consejo General de Agentes de Aduanas
El IVA es un impuesto neutro, que sólo debe gravar el consumo, al tipo que corresponda en el país donde se vaya a comercializar y que solo es deducible por parte del importador, por lo que deberían dejarnos a los representantes aduaneros fuera de ese círculoEnric TicóPresidente de FETEIA-OLTRA
Distintos grupos parlamentarios han hecho referencia a las consecuencias que hubiera podido tener la aprobación del texto tal como estaba redactado en sus inicios. Un impacto mucho más amplioDesde el Consejo General de Agentes de Aduanas y FETEIA-OLTRA se incide, por un lado, en el importante impacto de las medidas del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal sobre los representantes aduaneros.Así, se subraya que buena parte de las modificaciones que se pretendían introducir a través del citado Proyecto de Ley afectaban directa y sustancialmente al colectivo de representantes aduaneros, ya que introducían modificaciones de gran calado en el régimen de responsabilidades al que quedan sometidos, así como en los procedimientos tributarios que resultan de aplicación para determinar la deuda aduanera o la imposición de sanciones.Ahora bien, las consecuencias en el ámbito logístico no sólo alcanzan a este eslabón. Desde el Consejo se subraya que gran parte de las modificaciones recogidas en el Proyecto de Ley “no solo hubieran afectado al colectivo de representantes aduaneros en particular, sino a todos los operadores económicos involucrados en el comercio exterior, es decir, desde importadores hasta exportadores, pasando por transitarios, operadores logísticos o los titulares de las distintas autorizaciones y acreditaciones aduaneras”.Así lo apuntaron también los portavoces de distintos grupos parlamentarios durante la Comisión de hacienda en la que fue aprobado el Proyecto de Ley en el que se incluían las enmiendas propuestas. Durante su intervención, el representante del Grupo Parlamentario Plural, Ferran Bel, hizo hincapié en que las modificaciones pactadas van “mucho más allá de la actividad aduanera y afectan también a la competitividad de puertos tan importantes como el de Barcelona o Bilbao”, dijo. Al peligro que podría haber supuesto la redacción inicial del proyecto de Ley para la competitividad de los puertos también hizo referencia la portavoz del Grupo Popular, Carolina España.
Gran parte de las modificaciones recogidas en el Proyecto de Ley no solo hubieran afectado al colectivo de representantes aduaneros en particular, sino a todos los operadores económicos involucrados en el comercio exterior
Las modificaciones pactadasvan mucho más allá de la actividad aduanera y afectan también a la competitividad de puertos tan importantes comoel de Barcelona o Bilbao
Con el proyecto de Ley presentado en octubre, peligraba un tercio del empleo de la representación aduanera. Un tercio del empleo de la representación aduanera, en juegoHasta un tercio del total de los empleos que genera el sector de la representación aduanera en España estaban en riesgo de desaparecer si hubiera salido adelante, tal y como estaba originalmente redactado el Proyectos de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Esta es la principal conclusión del estudio que dio a conocer el pasado mes de febrero el Consejo General de Agentes de Aduanas de España, encargado a la consultora EY, que analiza el impacto en el sector de las medidas que afectaban a la representación aduanera recogidas en el Proyecto de Ley.Según el informe, “se estimaba que podrían haberse perdido entre 6.000 y 9.000 empleos como resultado del desplazamiento de la actividad aduanera a otros países”. Además, podrían haberse perdido también entre 700 y 1.200 empleos como resultado de la mayor concentración empresarial generada, lo que sumaría una estimación total de posible pérdida de ocupación para 2025 de entre 6.700 y 10.200 empleos.Según datos facilitados por Antonio Llobet, presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas, se estima que en estos momentos hay en España unas 1.500 empresas dedicadas a la prestación de servicios de representación aduanera que generan en torno a 35.000 empleos directos. De esta forma, la pérdida de hasta 10.200 empleos de cara a 2025 por la entrada del citado Proyecto de Ley hubiera supuesto prácticamente la pérdida de un tercio de los empleos directos del sector de la representación aduanera.Según EY, se estima que las disposiciones contenidas en la iniciativa legislativa “ponían en peligro la viabilidad de la profesión de agente de aduanas e impactaban sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica en un momento especialmente crítico”.Por otra parte, el informe de EY advertía sobre las implicaciones que el endurecimiento de las condiciones del ejercicio de la representación aduanera hubiera tenido sobre el comercio exterior y la internacionalización, uno de los principales motores de la economía española, del que depende un tercio del PIB.Además, el estudio refuerza la idea de que “el régimen de responsabilidad que pretendía introducirse a través del Proyecto de Ley hubiera pasado a ser uno de los más rigurosos de la UE”. De esta manera, España hubiera salido del grupo de países que aplican un nivel de restricción medio –y que incluye a los estados con mayor volumen de comercio exterior como Alemania, Países Bajos, Italia y Francia– y se hubiera equiparado con países poco competitivos desde el punto de vista del tráfico exterior, como son Estonia, República Checa, Letonia o Polonia.Por último, según el informe, el ejercicio de una gran presión regulatoria sobre el sector aduanero podría terminar generando una concentración de mercado. Se considera que las compañías multinacionales se beneficiarían de disponer del músculo financiero suficiente para hacer frente a la elevada onerosidad que exigía el Proyecto de Ley, y dado que también ofrecen servicios de representación aduanera, terminarían copando la logística ligada a la exportación e importación de mercancías.
EL DATO
Según datos facilitados por Antonio Llobet, presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas, se estima que en estos momentos hay en España unas 1.500 empresas dedicadas a la prestación de servicios de representación aduanera que generan unos 35.000 empleos directos. De esta forma, la pérdida de hasta 10.200 empleos de cara a 2025 por la entrada del citado Proyecto de Ley hubiera supuesto prácticamente la pérdida de un tercio de los empleos directos del sector de la representación aduanera.