Los transitarios desempeñan un papel fundamental en la cadena logística internacional al actuar como intermediarios clave entre importadores, exportadores, administraciones y operadores de transporte. Su trabajo asegura que las mercancías crucen fronteras cumpliendo con numerosos requisitos aduaneros, sanitarios y normativos que, lejos de simplificarse, han tendido a aumentar en los últimos años.
La entrada en vigor del Código Aduanero de la Unión (CAU), la vigencia del régimen de representación indirecta, las crecientes exigencias en controles sanitarios y fitosanitarios, y la falta de homogeneidad en la aplicación de normas entre Estados miembros de la UE configuran un escenario complejo para los transitarios españoles.
Diario del Puerto Publicaciones ha recogido testimonios del sector que permiten trazar un mapa de las dificultades actuales y de las prioridades que el sector reclama a la Administración para poder mantener la competitividad de España frente a otros hubs logísticos europeos.
Uno de los puntos más conflictivos para los transitarios es el régimen de representación indirecta, que convierte al representante aduanero en corresponsable de las deudas y obligaciones de sus clientes. Martín Fernández, secretario técnico de FETEIA, considera que “no tiene sentido hacer al representante aduanero responsable de las deudas de su cliente. No somos una entidad financiera que garantice las deudas de nadie, sino un experto en comercio exterior que ayuda a sus clientes a gestionar la operativa aduanera”.
La federación recuerda que ya en el pasado frenó intentos de reforzar aún más esa corresponsabilidad a través de la Ley de Lucha Contra el Fraude Fiscal, pero insiste en que la figura debería desaparecer.
Desde el Consejo General de Colegios de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros de España, su presidente, Antonio Llobet, mantiene una visión similar, aunque con matices. Reconoce que la intención de Bruselas es reforzar la trazabilidad y la responsabilidad de la cadena logística, pero advierte de las consecuencias: “En la práctica este régimen traslada al transitario una parte significativa del riesgo jurídico y financiero que antes recaía, principalmente, en el importador/exportador. Esto puede obligar a revisar seguros, garantías y condiciones contractuales con clientes”.
La carga se nota especialmente en las pymes, que no disponen del músculo financiero necesario para soportar esas responsabilidades. “Las pymes sectoriales pueden encontrar más difícil asumir este nivel de responsabilidad, frente a grandes operadores con más capacidad”, añade Llobet.
Asimismo, los operadores privados coinciden en esa percepción. Anuar Mrabet, director de Forwarding de Alianza Logística, subraya que “la representación indirecta implica que el representante aduanero responde solidariamente con el importador o exportador. Esto genera inseguridad jurídica, especialmente ante errores en la clasificación arancelaria o valoración”. Además, recuerda que se multiplica la carga documental y la necesidad de acreditar responsabilidades.
Desde eGlobe, su fundador Victor Humbert comparte una visión igualmente crítica: “El régimen de representación indirecta genera, en muchos casos, una carga administrativa adicional que no siempre aporta valor real al proceso. La dificultad principal radica en que se traslada al representante responsabilidades fiscales y aduaneras que, en esencia, pertenecen al importador/exportador” .
La carga de responsabilidad se nota especialmente en las pymes, que no disponen del músculo financiero necesario para soportar esas responsabilidades
El consenso al que llegan los expertos reside en que la figura actual, tal como está regulada en el artículo 18 del CAU, convierte al transitario en garante involuntario, generando litigios, costes adicionales y una inseguridad jurídica que dificulta la competitividad del sector.
Digitalización y la carga operativa
La entrada en vigor del CAU y de sus reglamentos complementarios (Delegado 2015/2446 y de Ejecución 2015/2447) supuso un hito en la modernización de las aduanas europeas. Sin embargo, sus efectos prácticos han sido ambivalentes.
Para Llobet, “el CAU introduce elementos positivos, como la digitalización de procedimientos, la mayor coordinación entre administraciones y la búsqueda de un marco común para los operadores en toda la UE”. Pero la realidad es que su aplicación ha sido desigual entre los Estados miembros, lo que genera inseguridad jurídica y mayores costes de adaptación. Fernández, de FETEIA, añade que el gran error de base es insistir en trasladar más responsabilidades al representante: “Se le hace responsable de cuestiones que van más allá de lo tributario”. Además, se mantiene la incertidumbre sobre las ventajas reales de la figura del Operador Económico Autorizado (OEA): “Si se reducen estas ventajas, iremos hacia atrás, en lugar de mejorar” .
En el plano empresarial, Mrabet, de Alianza Logística, recuerda que la implementación del CAU “ha intensificado el uso de procedimientos electrónicos y sistemas de autorizaciones, lo que ha supuesto inicialmente una carga adicional de adaptación y costes operativos”. Algunos procesos han ganado en trazabilidad, pero a costa de mayor rigor y exigencias.
Por su parte, Humbert, de eGlobe, apunta además a la disparidad de criterios en Europa: “Todavía notamos que determinadas operaciones se ralentizan por interpretaciones dispares entre aduanas de diferentes Estados miembros”.
En definitiva, el CAU ha traído consigo avances en digitalización y transparencia, pero también un aumento de la carga administrativa y de los costes de cumplimiento, especialmente para las empresas medianas y pequeñas.
Controles sanitarios y fitosanitarios
Otro gran ámbito de preocupación para los transitarios son los controles sanitarios y fitosanitarios en frontera.
FETEIA reconoce ciertos progresos, como la unificación competencial y la digitalización, pero insiste en que persisten problemas graves: “Es necesaria una armonización total entre todos los PCF, hay que superar, de una vez por todas, las discrepancias existentes”. Además, recuerda que los fallos recurrentes en los sistemas informáticos convierten cada despacho en una operación de riesgo.
EN DESTACADO
Martín Fernández
Secretario técnico de FETEIA
“No tiene sentido hacer al representante aduanero responsable de las deudas de su cliente”
Anuar Mrabet
Director de Forwarding de Alianza Logística
“La representación indirecta implica que el representante aduanero responde solidariamente con el importador o exportador y esto genera inseguridad”
Antonio Llobet
Presidente del Consejo General de Colegios de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros de España
“El CAU introduce elementos positivos, como la digitalización de procedimientos y la mayor coordinación entre administraciones”
Víctor Humbert
Fundador de eGlobe
“El régimen de representación indirecta genera, en muchos casos, una carga administrativa adicional que no siempre aporta valor real al proceso”
El presidente del Consejo General de Colegios de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros de España aporta una visión similar: “Persiste la desigualdad de criterios y tiempos de control entre distintos puestos fronterizos, lo que genera incertidumbre y favorece desvíos de tráfico hacia determinados puntos de entrada”. También apunta a la falta de interoperabilidad de los sistemas, que obliga a duplicar trámites.
Y el sector empresarial coincide en este punto. Para Alianza Logística, a pesar de avances como CEXVEG o TRACES-NT, “sigue habiendo demoras por falta de coordinación entre servicios de inspección (Sanidad Exterior, SOIVRE, Sanidad Animal) y Aduanas”. A lo que eGlobe matiza que la experiencia es desigual: “En algunos casos la coordinación interinstitucional funciona, pero cuando coinciden varias inspecciones, el efecto práctico es un retraso en la salida de la mercancía. En este contexto, se han producido avances en digitalización, pero la falta de coordinación real y la insuficiencia de personal mantienen los cuellos de botella”.
Más allá de las percepciones, existen ejemplos concretos de cómo la normativa actual puede obstaculizar la operativa. El director de Forwarding de Alianza Logística cita “la exigencia estricta de coincidencia documental en operaciones triangulares o con dropshipping, donde el operador intermedio no figura en el documento de transporte. Por lo que, aunque la normativa prevé cierta flexibilidad, en la práctica se generan incidencias y retrasos”.
Por su parte, el fundador de eGlobe rememora un caso representativo con la normativa ROHS: “Pese a contar con la conformidad de fábrica y pruebas de laboratorio, se nos requirió documentación adicional en un formato concreto que no estaba estandarizado en el país de origen. Esto derivó en la paralización del despacho y en costes de almacenaje innecesarios” . Estos ejemplos muestran que la falta de armonización de criterios y la rigidez documental pueden generar perjuicios comerciales directos y pérdida de competitividad.
Desigualdades competitivas en Europa
Uno de los puntos más conflictivos para los transitarios es el régimen de representación indirecta
Las empresas se suman a la reivindicación del papel colectivo. Anuar Mrabet considera clave la participación en foros europeos y nacionales: “Esperamos un papel activo en la interlocución técnica, defendiendo no solo intereses sectoriales, sino también proponiendo soluciones normativas y digitales concretas”. Víctor Humbert añade que “la voz individual de cada empresa pierde fuerza; en cambio, a través de la asociación se consigue mayor representatividad y capacidad de influencia”.
Las diferencias en la aplicación del marco normativo europeo generan importantes desigualdades competitivas. FETEIA alerta sobre la ausencia de un régimen sancionador común en el CAU, lo que conduce a una competencia desleal: “Uno de los criterios a la hora de elegir una jurisdicción en la que actuar es que la posible sanción sea menor”. Y el Colegio de Agentes reconoce que “cada país aplica criterios, plazos y sistemas informáticos distintos, y eso se traduce en barreras prácticas para las empresas”.
Desde la perspectiva empresarial también se observa que los países del norte de Europa gestionan con más agilidad y orientación al operador, mientras que en España predomina un formalismo que resta competitividad. Y el resultado se traduce una pérdida relativa de atractivo frente a hubs como Róterdam, Amberes o incluso algunos puertos del norte de África, que compiten con mayor flexibilidad.
En este contexto, la función de las asociaciones sectoriales cobra más relevancia que nunca. Fernández reivindica el rol de FETEIA como “interlocutor permanente con todas las Administraciones que puedan tener relación con nuestra actividad”. A través de herramientas como la federación, es fundamental aspirar a institucionalizar foros de colaboración y mejorar plataformas informáticas y dotación de PCF . Y Llobet, desde su posición en el Consejo General, destaca que las asociaciones deben “canalizar y coordinar las preocupaciones de las empresas para transformarlas en propuestas concretas y consensuadas”.
El diagnóstico apunta a que los transitarios españoles afrontan un escenario regulatorio complejo, con normas que, en teoría, buscan modernizar y armonizar, pero que en la práctica introducen cargas adicionales, inseguridad jurídica y desigualdades competitivas. Pero, por otro lado, la representación indirecta, la implementación desigual del CAU, los problemas persistentes en controles fronterizos y la falta de interoperabilidad tecnológica constituyen obstáculos que limitan la competitividad del comercio exterior español. Frente a ello, el sector reclama una respuesta decidida de la Administración: mayor dotación de personal en frontera, homogeneización de criterios, digitalización integral, interoperabilidad real y, sobre todo, la creación de una ventanilla única que integre todos los organismos de control. Y en un comercio global donde el tiempo y el coste son determinantes, la eficiencia aduanera no es un mero asunto burocrático: es un factor estratégico para el posicionamiento de España como hub logístico internacional.
Necesidades inmediatas: ventanilla única, personal y criterios homogéneos
Tanto asociaciones como empresas coinciden en una serie de prioridades urgentes para mejorar la operativa aduanera en España. Martín Fernández, secretario técnico de FETEIA, traslada a Diario del Puerto Publicaciones que ha detectado dos frentes: acabar con la disparidad de criterios en los PCF y mejorar de manera drástica los sistemas informáticos.
Antonio Llobet, presidente del Consejo General de Colegios de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros de España, añade la necesidad de “agilización y homogeneización de trámites, digitalización real e interoperabilidad de sistemas, y periodos de adaptación razonables acompañados de guías claras” .
También se suman otras propuestas, como el caso de Anuar Mrabet, director de Forwarding de Alianza Logística, que propone como prioridad absoluta la creación de una “verdadera ventanilla única aduanera que integre a todos los organismos de control, simplificando trámites y evitando duplicidades”.
Desde la compañía eGlobe, Víctor Humbert, su fundador, insiste en reforzar plantillas en frontera y ampliar horarios de inspección: “Sería imprescindible incrementar el personal de inspección o ampliar horarios de atención para evitar colapsos en festivos o fines de semana”.
La receta planteada consiste en añadir recursos, interoperabilidad tecnológica, criterios uniformes y simplificación real de procedimientos.
