Es innegable que el robo de mercancías en transporte terrestre se ha convertido en una auténtica epidemia. Una lacra que afecta no solo a transportistas, sino también a transitarios, operadores logísticos y aseguradoras, involucrando a todos los actores de la cadena.
Nuestros Juzgados y Tribunales han tomado buena nota de esta realidad y, lejos de ser indulgentes, han endurecido la responsabilidad del transportista, exigiendo un estándar de diligencia cada vez más elevado en la custodia de la mercancía.
Desde hace años, la jurisprudencia establece que los transportistas deben adoptar medidas reales y efectivas de seguridad, ejerciendo vigilancia constante sobre la carga. Ya no basta con que el conductor pernocte en la cabina o se estacione junto a otros camiones.
En la práctica, esta obligación, aunque teóricamente razonable, se convierte en un verdadero desafío: rutas largas, escasez de parkings vigilados, presión por los plazos, ausencia de instrucciones claras y márgenes ajustados dificultan alcanzar el estándar de diligencia exigido.
Y cuando estas obligaciones no se cumplen, las consecuencias son muy graves: pérdida del derecho a limitar la responsabilidad según LCTTM/CMR y posible exclusión de cobertura por el seguro.
Esto puede obligar al transportista a indemnizar por el valor total de la carga y, de forma inesperada y siempre desagradable, descubrir que su aseguradora rechaza la cobertura. Incluso cuando esta se mantiene, los incidentes suelen derivar en un aumento de siniestralidad y primas más altas, con un impacto económico directo sobre la empresa.
El riesgo no afecta solo al transportista.
El transitario, que mantiene la relación con el cliente, enfrenta las mismas consecuencias y la presión adicional de satisfacer a quien no entiende de tecnicismos legales propios del transporte y espera recibir su mercancía o, al menos, el precio pagado por ella.
En un sector de márgenes ajustados, estos siniestros pueden destrozar resultados.
Ante este escenario, la prevención se convierte en necesidad.
Cada eslabón de la cadena logística debe asumir su responsabilidad y establecer protocolos internos, adaptados a su empresa y elaborados por especialistas, para minimizar riesgos y mitigar sus consecuencias.
El transitario, que mantiene la relación con el cliente, enfrenta las mismas consecuencias y la presión adicional de satisfacer a quien no entiende de tecnicismos legales
El asesoramiento jurídico especializado aporta aquí un valor decisivo: revisar y negociar contratos con clientes y subcontratistas para acotar responsabilidades, revisar pólizas para garantizar coberturas, verificar que las instrucciones y la documentación de transporte cumplan con los estándares exigidos, auditar protocolos internos de seguridad y operaciones, y establecer mecanismos claros para facilitar el recobro frente a aseguradoras o proveedores en caso de siniestro.
Un acompañamiento legal preventivo no solo reduce la exposición al riesgo, sino que protege la rentabilidad y la viabilidad del negocio.
El robo de mercancías ya no es un riesgo eventual, es una amenaza estructural.
Solo mediante el asesoramiento profesional preventivo podrá el sector proteger su rentabilidad frente a esta amenaza. La pasividad ya no es una opción, quien no previene, paga.
