La decisión de las entidades públicas se ha tomado tras el anuncio de Acciona el pasado viernes de devolver automáticamente a las arcas públicas 60 millones de euros, declarándose “responsable civil subsidiaria” y aceptando su responsabilidad en los delitos de prevaricación y malversación.
Estos delitos están atribuidos por la Fiscalía a los gerentes de la multinacional José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, que estuvieron al frente del desarrollo urbanístico de la Plataforma Logística de Zaragoza.
El Gobierno de Aragón todavía debe a la constructora cerca de 25 millones de euros por las obras del complejo logístico, por lo que el acuerdo alcanzado incluye la cancelación total de la deuda sobre la urbanización de la plataforma.
De los 60 millones de euros devueltos por la constructora, 25 millones corresponden a la cancelación de dicha deuda y 35 millones al pago en metálico que deberá abonar Acciona.
Sin embargo, para intentar recuperar los 87 millones que restan hasta 147 (el importe total de fraude que se estima) la constructora y el Gobierno regional han resuelto acudir a una mediación.
El conflicto entre la UTE Acciona-MLN y PLAZA se resolverá mediante un proceso arbitral en el que tres técnicos especialistas en este tipo de obras deberán examinar los contratos realizados en PLAZA y dictaminar si realmente hubo un sobrecoste en las obras de urbanización.
En función de lo que se acuerde en el laudo arbitral que analizará el conjunto de la obra y el total de la cantidad reclamada desde el principio, la cantidad de 35 millones podría verse incrementada.
En cualquier caso, señala el gobierno de Aragón mediante comunicado, “la cantidad garantizada es independiente del resultado final del arbitraje y esta quedará definitivamente en manos públicas”.
El laudo arbitral equivaldrá a una sentencia judicial y tendrá sus mismos efectos, lo que pondrá fin a la controversia en un plazo breve de tiempo, nunca superior a un año.