Vicente Nomdedeu, vicepresidente nato de CEV Castellón
Vicente Nomdedeu (ASCER), ha sido nombrado vicepresidente nato de CEV Castellón, en su calidad de vicepresidente de la CEV a nivel autonómico.
CASTELLÓN. El comité ejecutivo y la junta directiva de CEV Castellón han aprobado en su reunión de hoy la designación de Nomdedeu como vicepresidente nato de de la entidad, así como la de Miguel Ángel Michavila (Grupo Torrecid), Mónica Boix (Networking Directivas Castellón - NDCS) y Rafael Caracuel (Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución - ANGED), como vicepresidentes de CEV Castellón.
Del mismo modo, se ha aprobado la incorporación de José María París (QUIMACOVA) como miembro de la Junta Directiva de CEV Castellón.
Medidas excepcionales
La CEV, tal y como ha se ha reclamado desde el comité ejecutivo y la junta directiva de CEV Castellón, reunidos hoy en su sede del Grao de Castellón, pedirá la aprobación de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en contratos y concesiones de servicios.
Los órganos de gobierno de CEV Castellón proponen que las medidas excepcionales de revisión de precios aprobadas por el Gobierno, como respuesta a las graves y excepcionales circunstancias inflacionistas y a los efectos provocados por la invasión de Ucrania, no se limiten exclusivamente a los contratos de obras y se extiendan a los contratos y concesiones de servicios, los cuales, de igual modo, están sufriendo severas pérdidas económicas a consecuencia del incremento generalizado de costes.
Mientras que numerosas obras públicas se han visto suspendidas o paralizadas, y algunas licitaciones han quedado desiertas a consecuencia del alza de costes, en el caso de la gestión de servicios públicos, en aras al interés público y al objeto de garantizar la continuidad en la prestación de los mismos —abastecimiento de agua potable, depuración, basuras, limpieza viaria, — las empresas concesionarias se están viendo obligadas a continuar con su prestación, aun incurriendo en importantes pérdidas económicas.
El legislador estatal, en la Exposición de Motivos del RD Ley 3/2022, ha venido a reconocer que la magnitud y el carácter imprevisible del alza experimentada en el último año por los precios de materias primas no es posible afrontarla con el mecanismo ordinario de revisión de precios, al margen de todos aquellos contratos que, por prescripción legal, no contemplan revisión de precios, siendo un incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo que el contratista ha de soportar en todo contrato público, consideraciones que, igualmente, aplican de lleno a los contratos y concesiones de servicios.
Dicho RD ley 3/2022, ya ha sido modificado, en el apartado relativo a la revisión extraordinaria de precios en contratos de obra pública, por el RD ley 6/2022, de 29 de marzo, a fin de ampliar sus medidas, dado el contexto creado por el referido conflicto bélico de Ucrania, el cual está trayendo como consecuencia una gran inestabilidad en los precios, más allá del alza que venían sufriendo desde 2021, pero, tal y como se denuncia desde CEV, siguen sin revisarse para los contratos y concesiones de servicios.
Ante esta situación, el presidente de CEV Castellón, Luis M. Martí, ha asegurado que “es necesaria la exploración y la inmediata implementación de medidas equivalentes de revisión extraordinaria de precios, que resulten de aplicación a los contratos y concesiones de servicios a las que, igualmente, puedan acogerse las CCAA y entidades locales y que permitan atenuar o compensar el extraordinario e imprevisible incremento de costes que están llevando a la gran mayoría de servicios públicos a graves pérdidas económicas”.
Por su parte, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha puesto en valor el manifiesto firmado por CEOE, UGT y CCOO para reformar la Ley de Desindexación de la Economía en la Licitación Pública y, en su caso, modificar la Ley de Contratos del Sector Público, en materia de revisión de precios, y reclamará un aumento del precio final o una indemnización para aquellas empresas concesionarias que continúan prestando servicios a pesar de tener que afrontar costes inasumibles.