Añade Diario del Puerto en Google BARCELONA. CK Hutchison reclama al Estado de Panamá más de 1.500 millones de dólares por la pérdida de sus inversiones en las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, que se sitúan en los extremos del Canal de Panamá, después de que las autoridades del país asumieran su control. Esto supone una nueva escalada en la disputa entre Panamá y la compañía internacional, que ya habían entrado en acciones legales anteriormente.
CK Hutchison comunicó el pasado jueves el inicio de este nuevo procedimiento, después de que, según la compañía, fracasaran sus intentos de alcanzar un acuerdo con el Gobierno panameño. El grupo sostiene que las medidas adoptadas por Panamá durante 2025 y 2026 vulneraron un tratado de protección de inversiones y terminaron con la anulación de las concesiones de Balboa y Cristóbal y la toma de control de las instalaciones.
El nuevo arbitraje se fundamenta, por tanto, en las garantías internacionales de protección de inversiones y es independiente de otro procedimiento iniciado anteriormente por Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison que durante casi tres décadas estuvo al frente de las dos terminales. PPC reclama por separado más de 2.000 millones de dólares al Estado panameño por lo que considera una toma ilegal de sus activos.
El origen de la disputa se encuentra en la decisión de la Corte Suprema de Panamá, que en enero declaró inconstitucional la concesión de los puertos, otorgada originalmente en 1997 y renovada posteriormente. Tras el fallo, las autoridades panameñas asumieron en febrero el control de Balboa y Cristóbal y encomendaron temporalmente su operación a otros gestores internacionales.
La situación también tiene afectaciones más allá de la actividad portuaria, ya que los puertos suponen los principales puntos de entrada al Canal de Panamá, y por lo tanto, son un punto de control a la infraestructura de la ruta. El expresidente estadounidense Donald Trump había cuestionado públicamente el control de estos activos por parte de CK Hutchison, en el marco de sus críticas a la influencia china sobre el Canal.
La operación de los puertos también ha cambiado de manos. Según Financial Times, Maersk asumió operaciones en Balboa, mientras que MSC pasó a operar Cristóbal. El conflicto, además, ha generado otro procedimiento arbitral en el que PPC reclama contra Maersk por su papel en la sustitución del anterior operador.
Así, la reclamación de 1.500 millones de dólares abre un nuevo capítulo en un conflicto que acumula ya varias vías judiciales y arbitrales. Para Panamá, el caso afecta no solo al control de dos terminales estratégicas, sino también a la seguridad jurídica de las concesiones y a su relación con los grandes operadores internacionales. Para CK Hutchison, se trata de defender el valor de unas inversiones cuya salida del Canal considera resultado de actuaciones contrarias a sus derechos internacionales.
La disputa finalmente podría llegar a suponer un coste superior a los 1.500 millones de dólares si las reclamaciones de las distintas partes tiran adelante. El conflicto pone a los puertos de Balboa y Cristóbal en el centro de una disputa que afecta al comercio marítimo internacional con una gran influencia en la política internacional que no será de fácil resolución.
La factura potencial de la disputa, además, podría superar ampliamente los 1.500 millones de dólares de este nuevo procedimiento si prosperan las reclamaciones planteadas por las distintas partes. El conflicto sitúa de nuevo a los puertos de Balboa y Cristóbal en el centro de una batalla que combina intereses empresariales, comercio marítimo y una creciente pugna geopolítica por el control de las infraestructuras estratégicas vinculadas al Canal de Panamá.