BARCELONA. La asamblea, celebrada el martes, reunió a más de 350 trabajadores, tanto de forma presencial como telemática, una participación que, según el comité, representa prácticamente a la totalidad de la plantilla afectada. Durante el encuentro se informó de las consecuencias que podrían derivarse de las actuaciones impulsadas por la Autoridad Portuaria tras las observaciones incluidas en un informe de la Intervención General de Catalunya sobre la masa salarial correspondiente al ejercicio 2023.
Según explica el comité, el informe de la Intervención establece un plazo de un año para resolver las posibles desviaciones detectadas. Sin embargo, desde el Comité denuncian que la Autoridad Portuaria fijó el pasado 10 de julio como fecha límite para presentar medidas correctoras, pese a que todavía no se conoce la respuesta de las distintas administraciones competentes en materia de masa salarial y de financiación del III Convenio Colectivo, entre ellas el Ministerio de Hacienda.
La representación de los trabajadores asegura que las medidas que se plantean responden al cuestionamiento de un complemento retributivo que la plantilla percibe desde antes de 1998 y que consideran plenamente consolidado. Asimismo, advierte de que estas propuestas podrían someterse a la aprobación del Consejo de Administración el próximo 22 de julio.
El comité afirma que “no existe ningún precedente en el sistema portuario español de una reducción directa de las nóminas como consecuencia de un plan de acción derivado de un informe de auditoría”. En su opinión, la aplicación de estas medidas supondría un recorte salarial que afectaría a cerca de 400 trabajadores.
Ante esta situación, la asamblea acordó por unanimidad la convocatoria de movilizaciones, con un calendario de paros y huelgas. Como primera acción, los trabajadores celebrarán una concentración el próximo 22 de julio coincidiendo con la reunión del Consejo de Administración, donde entregarán un manifiesto suscrito por la plantilla afectada.
El comité de empresa reclama que se suspenda cualquier decisión que implique una reducción de las retribuciones hasta que todas las administraciones implicadas se pronuncien sobre el asunto. Además, sostiene que existen alternativas para corregir, en caso de que fuera necesario, las posibles desviaciones de la masa salarial sin recurrir a medidas que supongan un perjuicio económico para los trabajadores.