BARCELONA. Según explican desde el Comité de Empersa, “el problema versa en la interpretación sesgada que realiza la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre algunas partidas salariales” y señalan que según ha comunicado la dirección de la Autoridad Portuaria, pese a no compartir el contenido del informe de la IGAE, se plantea asumir sus conclusiones y presentar medidas correctoras antes de finales de julio, incluso sin acuerdo con la representación social, una situación que desde el Comité de Empresa explican que “ha generado una fuerte alarma entre los trabajadores”.
Según el Comité de Empresa, el informe cuestiona conceptos salariales plenamente consolidados, recogidos en el Convenio Colectivo y en acuerdos de empresa vigentes desde finales de los años noventa. Los representantes de los trabajadores, explican, rechazan este cuestionamiento y subrayan que “el problema no es responsabilidad de la plantilla, sino consecuencia de disfunciones en el propio sistema por el incumplimiento sistemático del gobierno central a través del Ministerio de Hacienda que, desde el ejercicio 2023, ha bloqueado el cumplimiento del III Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, siendo aprobado en 2019 por el mismo Ministerio”. Según detallan desde el Comité de Empresa, esta falta de actualización de las masas salariales deriva en una ficticia desviación, además de desacreditar conceptos consolidados por la plantilla de más de 25 años en algunos casos y que ahora la Intervención insta a que la Autoridad Portuaria se haga responsable y tome medidas de recortes salariales.
Desde el Comité de Empresa señalan que “resulta paradójico que la Autoridad Portuaria de Barcelona cerrara en 2025 con una cifra de negocio de 206 millones de euros de los que 14 millones de euros son aportados directamente al sistema portuario estatal, además de 6 millones de euros que el puerto de Barcelona pagó a Hacienda en concepto de Impuesto de Sociedades, pero es este mismo organismo de recaudación, quien incumple con las masas salariales de la misma plantilla que trabaja para que esa cifra de negocio sea posible”.
Finalmente, los representantes de los trabajadores instaron a los miembros del Consejo de Administración a no aprobar ninguna medida que implique recortes salariales y a promover una aclaración de la situación con las autoridades competentes. Desde el Comité de Empresa alertan de que una decisión en este sentido afectaría a más de 400 trabajadores y sus familias, estimando el recorte salarial por trabajador en una pérdida económica alrededor del 17,5% en algunos conceptos salariales.
Ante esta situación, el Comité de Empresa anuncia que va a elaborar un calendario de movilizaciones para este mismo verano si no se revierte el posicionamiento de conflicto de la Autoridad Portuaria, habiendo registrado una primera concentración de trabajadores para el próximo 22 de julio, día en el que se celebrará el siguiente Consejo de Administración y el Comité de Empresa exige que no se apruebe ninguna medida de recorte salarial.