BARCELONA. Los trabajadores denuncian que la Autoridad Portuaria ha tomado la decisión “de forma precipitada y sin tener en cuenta un análisis de la situación más exhaustivo obviando soluciones pacíficas y de consenso”.
La representación social señala que la raíz del conflicto reside en “el incumplimiento” del gobierno central que, a través del Ministerio de Hacienda, ha bloqueado el cumplimiento económico del III Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, desde el año 2023, cuando fue aprobado por el mismo Ministerio en 2019. “La falta de actualización de los compromisos económicos por parte del gobierno central, son principalmente el motivo real de una ficticia desviación salarial que la Intervención General del Estado apunta la Intervención General del Estado en un informe y que reclama solucionarla, sin tener en cuenta la repercusión social y salarial de las personas trabajadoras”, señalan los representantes de los trabajadores, que añaden que “la Autoridad Portuaria ha asumido el argumentario y pretende atajar esa presunta desviación mediante recortes salariales”.
Desde el Comité de Empresa señalan que “no se va a permitir que las personas trabajadoras asuman con sus salarios el incumplimiento de la Administración” y recuerdan que “Hacienda se nutre del sistema portuario estatal, en concepto de Impuesto de Sociedades, recaudando unos 9 millones de euros del puerto de Barcelona, mientras que este mismo organismo de recaudación incumple con los compromisos económicos del Convenio Colectivo”.
El Comité de Empresa anuncia que mantendrá el calendario de movilizaciones sin descartar la convocatoria de huelga de mantenerse el anuncio de recorte salarial para la plantilla.