Para estas dos nuevas competiciones, gracias a la negociación del actual equipo de gobierno con la Volvo Ocean Race, se ha conseguido una mejora de las condiciones económicas respecto a las ediciones anteriores, así como de la eficiencia y la transparencia, con la garantía de que las actuaciones estarán sujetas a la ley de contratos del sector público. Entre las mejoras, figura la congelación del canon por derechos de anfitrión, que se mantiene en los 6.500.000 euros por edición, sin ligarlo a actualizaciones del IPC. En lo que respecta al canon variable, sólo se deberá abonar a Volvo Ocean Race un 30% de las aportaciones económicas y patrocinios que se obtengan a través de la intermediación de VOR, en lugar del 35% de las ediciones anteriores aplicado a todas las aportaciones que se consiguieran, incluidas las gestionadas directamente por SPTCV y sin participación de VOR. En cualquier caso, ese porcentaje se aplicará a partir de los 3 millones de euros en ingresos.
Con las nuevas condiciones se mantiene el presupuesto mínimo de 3 millones para la organización del Race Village, sin incrementarse, y se eliminan las obligaciones de inversión adicional o construcción de nuevas fases de las oficinas centrales y del museo interactivo.
Por último, otra de las mejoras económicas que el actual Consell ha conseguido para las ediciones de 2020 y 2023 es la reducción en un millón de euros del aval que deben otorgar tres de las principales entidades bancarias, que pasa a ser de nueve millones de euros.
Menos coste, más eficiencia y un mayor control público
La negociación del actual Consell comportará importantes mejoras también en cuanto a la gestión del evento, que conllevará un menor coste, más eficiencia en el uso de los recursos públicos y un mayor control público y transparencia.
La SPTCV recupera la gestión directa del Race Village, que antes estaba en manos de la Volvo Ocean Race, lo que conllevará la sujeción de las actuaciones a la ley de contratos del sector público.
Gran importancia y repercusión económica
El Consell considera conveniente mantener el contrato que designa Alicante como la sede de salida de la Vuelta al Mundo a Vela dada la importancia y repercusión económica, turística y de retorno de marca para la ciudad en particular y la Comunitat Valenciana en general.
Cabe recordar que este evento ha sido declarado como acontecimiento de excepcional interés público por las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado, lo que implica la posibilidad de que aquellas empresas privadas que colaboren con el evento se puedan beneficiar de un esquema fiscal favorable que les permita recuperar hasta el 90% de la aportación económica realizada. Ello supondría, así, la oportunidad de financiar parcial o totalmente el evento, con cargo a colaboraciones de empresas privadas.