El pasado 15 de abril, la Comisión Intergubernamental contra la Impunidad en Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación lanzaron una operación anticorrupción contra el expresidente del Gobierno guatemalteco Otto Fernando Pérez Molina, la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti y otras 15 personas, entre ellas el consejero delegado de Grupo Pérez, Ángel Pérez-Maura, acusados de participar en el cobro y pago de sobornos en el marco de la adjudicación del contrato de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) a Grupo Pérez.Según la investigación, Terminal de Contenedores Quetzal y Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años para la construcción y explotación de instalaciones portuarias en una superficie de 34 hectáreas, con tres fases de desarrollo y una inversión prevista de 255 millones de dólares.Según la CIGIG, la FECI y el Ministerio de Gobernación, en el marco de este proceso y a partir de enero de 2012, los acusados se aliaron para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.Además del cobro y pago de sobornos para la obtención de los contratos, los acusados habrían participado presuntamente en el blanqueo del dinero transferido, según el comunicado oficial de la CIGIG.Los organismos que han formulado la acusación aseguran que desde Empresa Portuaria Quetzal y por orden del entonces presidente, Otto Fernando Pérez Molina, se exigió el pago de una comisión, que Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez, director de TCQ, habrían aceptado si bien solicitando en un primer momento que una parte fuera en metálico y otra a cambio de un paquete accionarial en TCQ.Los intermediarios del expresidente habrían rechazado este último término, acordándose finalmente que todo el pago fuera en efectivo.La comisión, según los organismos que han formulado la acusación, ascendía a 30 millones de dólares, de los cuales 24,5 millones se repartirían entre el entonces presidente y la entonces vicepresidenta (60%) y el intermediario Juan Carlos Monzón (40%), secretario privado de la vicepresidenta.A partir de ese momento, según fuentes de la CIGIG, Pérez Molina utilizó su posición como presidente de la República de Guatemala para facilitar todos los términos del negocio, interviniendo "de manera decisiva en la entrega de los terrenos a TCQ; promoviendo reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó directamente para demostrar que el proyecto contaba con respaldo gubernamental y logrando de esta forma que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación", asegura la CIGIG en su comunicado.Como se ha indicado, la operación se lanzó el pasado 15 de abril y en ella se produjeron 9 detenciones, entre ellas la del director de TCQ, Juan José Suárez Meseguer, y también de representantes de Empresa Portuaria Quetzal, representantes de los sindicatos y del ámbito judicial, todos ellos presuntamente implicados en la trama.Igualmente se decretó orden de captura internacional contra otras seis personas, entre ellas Ángel Pérez-Maura, acusado de asociación ilícita, cohecho activo y fraude.Tanto el expresidente Otto Fernando Pérez Molina como la exvicepresidenta Roxana Baldetti, implicados ya en otros casos de corrupción por los que debieron dimitir en 2015, están acusados en esta trama de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.Según ha podido constatar este Diario, Ángel Pérez-Maura, que como saben nuestros lectores formalizó recientemente la venta de Grup Maritim TCB y con ello sus terminales de contenedores a APM Terminals, sigue desarrollando su trabajo diario normal al frente de sus otras empresas, entre las que se encuentra la firma logística A. Pérez y Cia."Espero y confío en que todo esto se solucione y que si hay que aclarar algo se haga ante la Justicia española. Estoy -señaló- perfectamente localizable a diario, con total arraigo familiar y profesional y absoluta disposición a colaborar para aclarar lo que haya que aclarar". Ángel Pérez-Maura mantiene su inocencia respecto a las acusaciones vertidas contra él, manifestando que actualmente sigue haciendo vida totalmente normal a la espera de que todo se aclare.