El pasado 11 de diciembre se cumplió un año desde que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo condenara al Reino de España por contravenir su régimen de estiba portuaria el principio comunitario de libertad de establecimiento empresarial.En aquella sentencia no se fijaba plazo alguno para ajustar el régimen de estiba al derecho comunitario ni tampoco se decía cómo había que hacerlo. Son estas dos cuestiones competencia de la Comisión Europea, que tras publicarse la sentencia comenzó a fijar plazos al Reino de España para que fuera informando de los pasos dados en la reforma y de las líneas claves de su contenido, a fin de cumplir la sentencia.Tras un primer borrador de reforma que fue presentado en Bruselas y que recibió un rechazo frontal de los sindicatos, el Ministerio de Fomento abrió una mesa negociadora con los agentes sectoriales que no dio resultado, de tal forma que en el mes de julio la Comisión remitió un ultimátum a España dando dos meses de plazo para llevar a cabo la reforma o si no procedería a denunciar de nuevo a España ante al Tribunal de Luxemburgo para la consiguiente fijación de sanciones económicas.AplazamientoAnte las posturas tan distanciadas entres sindicatos, empresas y Fomento y la compleja coyuntura por la proximidad de las Elecciones Generales, el Ministerio solicitó en septiembre más tiempo, en concreto hasta enero de 2016, cuando un nuevo Gobierno pudiera hacerse cargo de la situación.Bruselas no dio una respuesta oficial a esta petición pero a lo largo de estos meses se ha mantenido en silencio a la espera de que se concrete ese nuevo ejecutivo. No obstante, tal y como informó recientemente el presidente de Puertos del Estado, en el Ministerio de Fomento se trabaja con la posibilidad de que finalmente la Comisión Europea agote su paciencia a finales de este mes de enero y presente la correspondiente denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento de la referida sentencia.Aún así, tampoco a partir de ese momento habría sanciones. Es el Tribunal de Justicia el que las fijaría tras tramitar y pronunciarse sobre esta segunda denuncia, para lo cual se espera un tiempo de tramitación de unos ocho meses. En este sentido, de acuerdo con estos plazos, España tendría hasta después del verano para aprobar su reforma y evitar las cuantiosas sanciones económicas que se suelen fijar en estos casos.Para ello, obviamente, es esencial que España cuente con un nuevo Gobierno, lo cual a tenor del resultado de las elecciones generales del 20-D parece que va para largo, eso sin olvidarnos del riesgo de una repetición de los comicios.AcucianteDe esta forma el sistema portuario español arranca 2016 con la imperiosa necesidad de reformar el régimen de estiba, algo que se va a convertir en acuciante en cuanto la Comisión presente la nueva denuncia pero que no va a ser afrontado hasta que no haya un nuevo Gobierno. Cuanto más se retrase su designación, menos tiempo habrá para pactar la reforma si se quieren evitar las sanciones, que no se esperan hasta como mínimo después del verano.
Los puertos españoles arrancan el año con el imperioso reto de la reforma de la estiba
2016 deberá ser sí o sí el año de la reforma de la estiba, siempre que la inestabilidad política lo permita y que la espada de Damocles de las sanciones comunitarias actúe como insoslayable motor. A la espera de un nuevo Gobierno, todas las miradas se dirigen a Bruselas y al momento en que las autoridades comunitarias decidan volver a denunciar a España, a partir del cual Puertos del Estado calcula que habría todavía un margen de en torno a 8 meses para pactar la reforma antes de que las sanciones comenzaran a ser efectivas.
- 28 septiembre 2018 17:36
- Última actualización
28 septiembre 2018 16:36