Este acuerdo, cuya vigencia es de siete años (2015-2022), supone un marco legal de rango superior a los convenios de cada una de las empresas y será de obligado cumplimiento para todas aquellas que actualmente prestan el servicio en los puertos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.Con él se ha logrado “armonizar los intereses de los trabajadores y de las empresas, por lo que logrará dar estabilidad al sector y hacerlo más competitivo”, según Coordinadora.