Como se recordará, en la mencionada decisión, la Comisión determinó que dicho sistema fiscal implicaba ayudas de Estado de carácter selectivo, no comunicadas ni aprobadas por la Comisión y, por tanto, en principio prohibidas, y que los inversores participantes en dichos sistemas deberían devolver al Gobierno español las ayudas que supuestamente habían recibido.
Con fecha 25 de septiembre de 2013, el Gobierno español interpuso ante el Tribunal General un recurso de anulación de la Decisión por dos motivos: por no concurrir en las medidas examinadas en la Decisión recurrida ninguno de los requisitos para ser consideradas ayudas de Estado; y por la violación de los principios de igualdad de trato, confianza legítima y seguridad jurídica, con lo que no procedería la recuperación de las ayudas.
En su sentencia dictada ayer, el Tribunal General ha anulado finalmente la Decisión de la Comisión por considerar, en primer lugar, que es errónea su conclusión de que las AIE se habían beneficiado de una ayuda estatal, puesto que sólo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas derivadas del Tax Lease.
Además, según el Tribunal, la Comisión también se equivocó al declarar que existía una ventaja selectiva y, por tanto, una ayuda estatal en favor de las AIE y de los inversores, ya que cualquier operador podía beneficiarse de las mismas ventajas fiscales efectuando cierto tipo de operaciones, que cualquier empresa sin distinción podía realizar en idénticas condiciones.
Además, el Tribunal General estima que no está suficientemente motivada la conclusión de la Comisión de que las medidas controvertidas podían falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.
Cabe aclarar que, en noviembre de 2012, mientras se tramitaban las denuncias que sobre el anterior sistema habían sido presentadas por varias asociaciones europeas de astilleros, la Comisión autorizó como "no constitutivo de ayuda de Estado" un nuevo sistema español de Tax Lease, que viene funcionando en la práctica desde comienzos de 2014 y que cuenta con plena aprobación de las instituciones comunitarias.