Según fuentes próximas a las negociaciones a las que ha tenido acceso este Diario, en el mes de julio la Comisión Europea dio al Reino de España un plazo de dos meses para presentar formalmente su propuesta de reforma y, con ello, ir avanzando en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.Tras la reunión mantenida en Bruselas en el mes de febrero para analizar la fallida propuesta de reforma que redactara Puertos del Estado, el Ministerio de Fomento puso en marcha un intermitente proceso de diálogo con los agentes sectoriales que a día de hoy sigue sin haber fructificado.Pese a los contactos permanentes entre Fomento y la Comisión Europea que han existido a lo largo de los últimos meses y el conocido contexto de estar ante una reforma estructural de enorme complejidad en año electoral, desde las instituciones europeas finalmente se optó en julio por ejercer su labor de control de la legalidad comunitaria y se dio un plazo a España para presentar formalmente ante la Comisión su propuesta de reforma.Transcurridos los dos meses y tras la reunión de finales de julio con patronal y sindicatos, en las que el Gobierno constató la enorme distancia entre todas las partes implicadas, y el encuentro del secretario de Estado y el líder de Coordinadora el pasado 9 de septiembre, finalmente España ha solicitado a la Comisión un aplazamiento del ultimátum, según ha confirmado OPPE.El objetivo es intentar evitar una nueva denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento de la sentencia y que comiencen a imponerse sanciones económicas.De lograr este aplazamiento, estaríamos ante el último escollo salvado antes de que suene la campana de las Elecciones Generales y la reforma de la estiba quede lista para ser transferida como patata caliente al próximo ejecutivo.