El planteamiento de las posibilidades que representa la nueva normativa de ampliación de los plazos de las concesiones en los puertos españoles, facilitando a los operadores portuarios los razonamientos administrativos y jurídicos de la normativa, fue debatido ayer por un panel de expertos formado por Ignacio Arrondo, director de Servicios y Competitividad de Puertos del Estado; Juan Carlos Verdeal, jefe del Departamento de Dominio Público y Servicios Jurídicos de la Autoridad Portuaria de Bilbao; José Luis Almazán, vicepresidente de la Plataforma de Inversores Españoles en Puertos Españoles (PIPE) y Adolfo Ruigómez, consejero de Cuatrecasas Abogados.Organizada, entre otras entidades, por la Asociación de Juristas Portuarios, y moderada por Agustín Bravo, profesor de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco y codirector del Encuentro junto al jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, José Antonio Morillo-Velarde, la jornada reflejó la unanimidad en la positiva valoración por parte de todos los participantes del proceso de ampliación de las concesiones portuarias emprendido por la Administración española para adaptar los períodos concesionales en los puertos a Europa y para la mejora de la competitividad de los operadores portuarios.
PIPE: aprovechar el momento
Con el RD 18/2014 cuya finalidad es "fomentar la inversión privada en los puertos y la competitividad de los operadores portuarios", según señaló Bravo, como punto de partida, el encuentro puso de manifiesto también las dificultades que ha presentado la tramitación del proceso, su complejidad jurídica, los aspectos relacionados con el cumplimiento de los plazos de presentación de las solicitudes y los ritmos en las tramitaciones de las mismas por parte de las autoridades portuarias. Asimismo, la Disposición Transitoria Décima y las Recomendaciones del Puertos del Estado para clarificar el proceso de ampliación de los plazos concesionales fueron otros de los ejes.En este sentido, el vicepresidente de la Plataforma de Inversores Españoles en Puertos Españoles (PIPE), José Luis Almazán, como portavoz de los concesionarios, sitúo proceso emprendido por el RD 8/2014 como una "magnífica oportunidad" para el incremento de la competitividad y ayudar a la reactivación económica, aunque señaló que aún queda "mucho por camino por recorrer". A pesar de insistir en la necesidad de la medida adoptada por el Gobierno, Almazán se refirió también a algunos aspectos mejorables en el proceso. Así, tras una tramitación parlamentaria "compleja", negó que los concesionarios tuvieran efectivamente un año de plazo para presentar sus solicitudes ya que "sólo cinco meses antes de finalizar el plazo estuvo claro el terreno de juego".Almazán, quien señaló que se ha hecho "un esfuerzo muy importante de inversión por parte de los concesionarios", con más de 1.800 millones de euros comprometidos, repitió que "aún no se ha conseguido nada". "Por el momento, -dijo- sólo hay papeles y habrá que esperar a ver que los objetivos se cumplen". En este sentido, destacó como uno de los principales retos aun por resolver la celeridad en la resolución de las solicitudes. "Es necesario que este proceso se resuelva rápido porque el momento que vive ahora el sector de las infraestructuras es el óptimo".El representante de los concesionarios también se refirió a la "convulsa situación política" como unas de las dificultades que debe superar el proceso para culminar con éxito y urgió a Puertos del Estado y a las autoridades portuarias a que el proceso pueda finalizar antes de la conclusión de la actual legislatura. Para ello, además de celeridad, pidió a Puertos del Estado una interpretación rigurosa pero realista de las solicitudes presentadas, "para tener puertos más competitivos, sin perdernos en detalles de puntos y comas".
Culminar con éxito
Ignacio Arrondo, director de Servicios y Competitividad de Puertos del Estado, respondió por alusiones a Almazán, y criticó que los concesionarios demanden ahora celeridad a Puertos del Estado "cuando la inmensa mayoría de las solicitudes presentadas lo han en el último día de plazo". En cualquier caso, Arrondo avanzo que Puertos del Estado contratará ayuda externa para agilizar en la medida de lo posible este proceso de forma que los informes vinculantes se evalúen "lo más rápido posible pero con todas las garantías necesarias". "Las prisas no nos deben desviar del escrupuloso cumplimiento de la Ley", dijo Arrondo, quien añadió que Puertos del Estado será proactivo y flexible para el éxito de la medida y para que no nos enroquemos en cuestiones jurídicas y el éxito del proceso sea una realidad".Aunque no se atrevió a fijar plazos, "tardaremos lo que haga falta, lo menos posible, con todos los medios posibles", Arrondo precisó que las solicitudes se resolverán en mucho menos de un año, aunque descartó culminar el proceso antes de la próxima convocatoria electoral.Asimismo, el director de Servicios y Competitividad de Puertos del Estado, calificó de un "éxito" la introducción de la Disposición Transitoria Décima para establecer condiciones de igualdad entre concesiones de diferentes antigüedades y admitió la tardanza de Puertos del Estado en formular las Recomendaciones para "homogeneizar hipótesis y variables comunes" porque "en un principio, pensamos que no eran necesarias". Arrondo añadió que las Recomendaciones de OPPE "no han tenido la culpa de que las solicitudes se hayan presentado casi todas al límite del plazo".