Dicho Real Decreto ampliaba de 35 a 50 años los plazos máximos de las concesiones portuarias, prorrogables hasta los 75, al tiempo que abría una vía mediante la referida disposición transitoria para que las empresas con concesiones vigentes pudieran homologar sus plazos concesionales a las nuevas condiciones, mediante inversiones en la propia terminal o en infraestructuras portuarias de conectividad.Ayer se cumplió el plazo de un año dado por la ley para solicitar estas ampliaciones, proceso complejo puesto que las empresas han tenido que definir los plazos ampliables, así como elaborar un plan de inversiones para compensar dicho plazo, que ahora deberá ser analizado y aprobado si procede por las respectivas autoridades portuarias, todo ello tras un proceso de valoración independiente de cada concesión, para lo cual se han convocado los respectivos procesos de selección de empresas tasadoras independientes.Hasta ayer un total de 21 autoridades portuarias habían iniciado el proceso de selección de las tasadoras.Pese a las buenas perspectivas sobre la acogida de este proceso de ampliación, traslucidas por los representantes de OPPE en las últimas horas, el Organismo Público va a esperar a recopilar toda la información sobre las ampliaciones solicitadas para valorar su alcance.