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Suscripción

Imputados la presidenta y el ex director del Puerto de Huelva por una denuncia de CC. OO.

La presidenta del Puerto de Huelva, Manuela de Paz, y el ex director del enclave, Pedro García, han sido llamados a declarar como imputados por un juzgado de instrucción de Huelva por presuntos delitos ambientales y de fraude en subvenciones, según hizo público la semana pasada el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.). También ha sido llamada a declarar como testigo la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Carmen Lloret.

  • Última actualización
    28 septiembre 2018 18:34

La querella fue interpuesta por el Sector Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. y en ella se denuncia la supuesta comisión de dos delitos ambientales, un delito de prevaricación, otro delito de falsedad, y delitos contra la integridad moral y contra los trabajadores, así como un delito de malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones. CC.OO. acusa a Manuela de Paz de haber utilizado "en su condición de autoridad-funcionaria pública, la adjudicación a Sandetel de trabajos contenidos en la asistencia técnica para la renovación tecnológica, modernización, mejora de seguridad y gestión de los sistemas de información y telecomunicaciones de la Autoridad Portuaria de Huelva con un presupuesto de inversión de 1.134.237,85 euros haciendo caso omiso a las recomendaciones del Ministerio de Fomento que, a través de informe jurídico de Puertos del Estado, desaconsejó categóricamente dicha adjudicación".Asimismo, el sindicato denuncia "la supuesta comisión de delitos medioambientales en el proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo que requería preceptivamente evaluaciones ambientales y evaluación Red Natura 2000". En este sentido, se podría haber incurrido en delitos medioambientales recogidos en el Código Penal, así como "un delito de fraude de subvenciones en tanto que la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Huelva obtuvo una subvención a través de los fondos comunitarios FEDER de más de 120.000 euros supuestamente falseando las condiciones requeridas para su concesión y ocultando exigencias que sin duda hubieran impedido la concesión de esos fondos". El sindicato pide que, al margen de las responsabilidades penales, se adopten "inmediatamente responsabilidades políticas, ya que todos los denunciados son cargos públicos nombrados por el Gobierno de la Junta de Andalucía".Fuentes de la Autoridad Portuaria de Huelva consultadas por este Diario declinaron el pasado viernes realizar ninguna declaración respecto a la denuncia interpuesta por CC. OO. y la imputación de la presidenta y del ex director de la entidad.