Llorca debía comparecer el miércoles en el Congreso a petición de la Izquierda Plural para valorar la situación del proyecto de El Gorguel, que este grupo político rechaza por su impacto medioambiental y por incidir en la sobrecapacidad del sistema portuario estatal.Al respecto, el presidente del Organismo Público Puertos del Estado informó que de los 3 millones de euros presupuestados al inicio para los estudios previos se han gastado ya 1,5 millones y ahora mismo se está en la fase de análisis del impacto medioambiental, habiéndose detectado repercusiones significativas por lo que se está procediendo a definir las medidas compensatorias correspondientes.En conjunto, la futura dársena de El Gorguel prevé una inversión de 524 millones de euros a ejecutar a partir de 2018, necesitándose por parte de la Comisión Europea la valoración positiva acerca de la necesidad del proyecto, tarea en la que debe emplearse ahora España, destacó Llorca, quien expuso los datos de los estudios que justifican la referida necesidad.Según el presidente de OPPE, el mercado de los contenedores en España va a pasar de 5,5 millones en 2015 a 9,3 millones en 2020.Además, en el Mediterráneo Occidental, de los 23 millones de capacidad que ofertan las terminales de los puertos de esta región, se va a pasar si se desarrollan todos los proyectos que ahora mismo están en marcha a 45,6 millones de TEUs, incluyéndose El Gorguel.Según Llorca, si se cumplen las previsiones de demanda, los puertos estarían operando en el Mediterráneo Occidental a partir de 2020 a un 70% de su capacidad siempre que se construyera El Gorguel.Ahora bien, sin El Gorguel a partir de 2022 se estaría operando a un 80%, “es decir, congestión”, precisó el presidente de Puertos del Estado.“Previo y cierto”En este entorno de mercado, José Llorca aseguró ayer que la futura dársena de El Gorguel “es una oportunidad de negocio que no debemos desaprovechar” y que es una “buena oportunidad de interés general” que “no debemos perder”.Eso sí, durante su comparecencia el presidente de Puertos del Estado dejó claro que el proyecto está condicionado a la existencia de un compromiso “previo y cierto” de instalación por parte de un operador, que demuestre solvencia para aportar el tráfico objetivo pretendido y que, además, tenga capacidad financiera para soportar la inversión requerida.