Las autoridades portuarias se han puesto manos a la obra con carácter casi inmediato para atender la más que previsible alta demanda de ampliación de las concesión en el marco de la reforma de los plazos concesionales, más si cabe tras la publicación el 22 de enero, tal y como adelantó Diario del Puerto, de las recomendaciones y aclaraciones de OPPE para implementar el proceso.En este sentido, las autoridades portuarias de Baleares, Gijón y Vigo han tomado la delantera y ya han lanzado los respectivos concursos de un elemento esencial y crítico de todo el proceso: la homologación de las empresas que tasarán las condiciones.ValoraciónNo hay que olvidar que la ampliación de plazos que en cada caso se determine tendrá que ser compensada económicamente o por la vía de la inversión o de la reducción de tarifas, lo cual estará en función de la valoración que se haga de la concesión. Ahí entrarán en juego las empresas tasadoras que, ante lo sensible de su labor, deberá garantizarse su total independencia así como lo equilibrado de sus honorarios, ya que es la autoridad portuaria la que asignará las tasadoras según las concesiones pero serán estas las que asuman el coste de la tasación.Lo que han hecho ya Vigo, Baleares y Gijón es convocar los concursos para que las empresas interesadas puedan ser homologadas, de acuerdo con la recomendación de OPPE y, a partir de aquí, ser incluidas en la lista desde la cual se asignarán las valoraciones.En los tres casos, estas autoridades portuarias siguen mayoritariamente las propuestas dictadas por OPPE, si bien existe una gran diferencia en el apartado de solvencia económica que cada autoridad portuaria va a exigir a las tasadoras que operen en sus respectivos puertos.La Autoridad Portuaria de Gijón, por ejemplo, recoge en su pliego que la empresa tasadora “acreditará haber realizado un mínimo de valoraciones a empresas en los años 2011 a 2013 cuyo importe medio de la cifra de negocios sea superior a 500.000 euros/año”.En cambio, Baleares exige una solvencia económica diez veces superior pero sin referencia temporal, reclamando que la empresa tasadora “acreditará haber realizado un mínimo de valoraciones a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocio sea superior a 5 millones de euros”.Por lo que respecta a la Autoridad Portuaria de Vigo, su pliego habla de importe neto de la cifra de negocios “anual”, pero en su caso la cantidad mínima exigida de valoraciones debe ser “superior a 2 millones de euros”.Se entiende que estas diferencias, en un factor tan determinante como la solvencia económica, pueden dar lugar a distintos perfiles de empresas tasadoras en cada puerto.