En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea anunció ayer la remisión al Reino de España de una petición oficial instándole a “aplicar correctamente la Directiva sobre la mejora de la protección portuaria (2005/65/ CE) en todos los puertos españoles a los que se aplique dicha Directiva”.El principal objetivo de la misma es introducir medidas comunes para mejorar la protección portuaria frente a la amenaza de sucesos que afecten a la protección marítima.Según la Comisión Europea, “muchos puertos españoles aún no han adoptado y aplicado las evaluaciones y los planes de protección portuaria contemplados en la Directiva”. Ésta, que constituye un instrumento de política fundamental para la protección marítima, “tiene por objeto garantizar un nivel de protección elevado e igual tanto para los pasajeros como para la carga en todos los puertos europeos”, asegura la Comisión Europea en su comunicado. Ferrocarril Igualmente, la CE amenazó a España con plantear denuncia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la obligación de garantizar la plena transparencia en cuanto a la separación de cuentas en el sector ferroviario.Por el momento, según la CE, España no garantiza la plena transparencia en la presentación de las cuentas de las empresas ferroviarias, principalmente por lo que respecta a los fondos públicos abonados por los servicios prestados en virtud de las obligaciones de servicio público. “Mantener una contabilidad transparente es la única manera de determinar cómo se gasta el dinero público y si se utiliza con fines distintos de los previstos”, asegura la CE.Según la Comisión, las disposiciones vigentes actualmente en España no excluyen que fondos públicos abonados en concepto de obligaciones de servicio público en el transporte de pasajeros se dediquen a subvencionar otros servicios de transporte. La Comisión ya envió un dictamen motivado a España al respecto por lo que si en dos meses no hay respuesta satisfactoria, la Comisión advierte que puede llevar a este país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.