Tal y como expuso la ministra de Fomento, Ana Pastor, estos buques inmersos en procesos judiciales por narcotráfico o blanqueo de capitales han venido siendo históricamente en los puertos un serio problema económico, por el impago de las tasas; operativo, por ocupar espacio en los muelles; y de seguridad, al representar un peligro por su deterioro y no contar ni con capitán ni consignatario, redundando en riesgos de tráfico y explotación.Por otro lado, según destacó el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la tardanza para estos procesos de una sentencia firme ha generado históricamente que estos buques terminen deteriorándose gravemente y derivando en inservibles, sin que en el momento de su enajenación se pueda lograr unos ingresos que ayuden a compensar los delitos en los que hayan intervenido.Para lograr una fórmula que dé solución a esta problemática, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Fomento y Puertos del Estado firmaron ayer un convenio por el cual, a instancias del juez instructor y como desarrollo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se podrá proceder a la enajenación de buques y embarcaciones aprehendidos en procesos de narcotráfico y blanqueo antes de sentencia firme, de tal forma que las autoridades portuarias jugarán un papel “fundamental”, según destacó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al ser las entidades designadas para acometer el proceso de enajenación e integrarse a través de ellas en las arcas públicas el dinero recaudado.“No sólo no se va a generar un incremento del gasto público, sino todo lo contrario”, subrayó Pastor.