La rueda de prensa de ayer del presidente de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) fue muy elocuente a este respecto.Ante más de una veintena de medios de comunicación, Adolfo Utor reclamó a la Comisión Europea “que no se equivoque” e hizo un profundo análisis de la gravedad del problema para poner de manifiesto la implicación en el mismo de todos los elementos del sistema y el igualmente daño irreparable en todos ellos si finalmente se condena a España a que se devuelvan las ayudas.Hablamos de cerca de 3.000 millones de euros en beneficios fiscales por contratos de arrendamiento financiero para la construcción y puesta en servicio de 272 buques, de los cuales tan sólo 92 correspondieron a operaciones de armadores españoles, mientras que 180 operaciones correspondieron a armadores internacionales, lo que da una idea de la globalidad del problema y de un sistema que buscaba responder a la necesaria internacionalización del sector de la construcción naval para su supervivencia.Según declaró ayer el presidente de ANAVE, si la Comisión decreta que deben devolverse las ayudas por parte de armadores e inversores financieros, estos harán válidas las cláusulas que se recogieron en los contratos por las cuales los astilleros eran responsables ante cualquier problema derivado del “tax lease”.De esta forma, los astilleros asumirían el pago y, según Utor, el daño a esta industria sería irreparable y definitivo.En caso de que dichas cláusulas sean declaradas ilegales, tal y como las ha considerado el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, más allá de que las devoluciones tuvieran que asumirlas bancos y armadores el problema más grave estaría, a juicio del presidente de ANAVE, en la inseguridad jurídica en la que se situaría España, donde las cláusulas no se respetan, “un atentado gravísimo que haría que nadie quisiera contratar con nuestros astilleros”.Huida de los bancosIgualmente, según Adolfo Utor, obligar a los bancos, que participaron en muchas de estas operaciones desde el punto de vista de la financiación, a devolver los beneficios fiscales lo que provocaría es un rechazo total a desarrollar nuevas operaciones de este tipo en España, huyendo la financiación y con ello el negocio.Por si esto fuera poco, no solamente el sistema sería dañado irreparablemente pague quien pague desde el punto de vista del sector privado.También se considera desde ANAVE un impacto en el ámbito público. Según declaró ayer Adolfo Utor, puesto que era la Dirección General de Tributos la que procedió a la autorización una por una de cada una de las operaciones beneficiarias, se puede deducir una posible reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado.“Si se exige la devolución, todos resultaremos afectados”, dijo Utor, con igual resultado, pague quien pague, en la pervivencia del mercado.Dicho esto, en la rueda de prensa de ayer, el presidente de ANAVE se centró también en dar argumentos nuevos tanto para negar la ilegalidad del sistema de “tax lease” español como para limitar el impacto de una posible devolución.Con respecto a lo primero, Utor defendió que el sistema de “tax lease” español no representó una ayuda para los armadores, que adquirieron sus buques a precios de mercado.El presidente de ANAVE aportó los datos de encargo de buques por navieras españolas entre 2003 y 2010, periodo en el que los astilleros españoles recibieron 40 encargos y los extranjeros 48, es decir un 41,6 y un 58,4% respectivamente. “No había ninguna ventaja competitiva real para los armadores españoles porque en ese caso todos los buques los hubiéramos encargado en astilleros españoles y no fue así”, declaró el presidente de ANAVE.LimitaciónEn cuanto a la limitación de la devolución, Adolfo Utor advirtió de que la Comisión Europea no puede tratar a España de forma discriminatoria.Según los datos aportados por el comisario Almunia, se quiere obligar a España a devolver las ayudas entre el periodo de 2005 y 2011, pese a que el sistema estaba en vigor desde 2002.La razón, según Almunia, es que en abril de 2005 se publicó el dictamen motivado contra el “tax lease” de Francia, fecha de referencia, ya que al país vecino, condenado en 2007, se le obligó a devolver las ayudas a partir de dicho dictamen, lo cual fue algo simbólico, al estar paralizadas las operaciones por esta vía desde que se generó la inseguridad por la denuncia.“Desde la aprobación del sistema español en 2002 hasta mitad del 2005 no pedimos la devolución de ayuda porque tampoco se le pidió a Francia por ese periodo”, ha explicado estos días Almunia, para quien se está “dando exactamente el trato que recibió Francia”.No obstante, desde ANAVE se opina todo lo contrario. Si a Francia se le obligó a devolver desde el momento en que se hizo público el dictamen, a España se le debe obligar desde el momento en que se hizo público el suyo, es decir, el 21 de septiembre de 2011.“El trato debe ser el mismo”, dijo Utor, quien consideró que las ayudas a devolver en este caso serían mínimas al entender que desde la denuncia el recurso a este sistema fue nulo.Un argumentación para ligar el caso español al francés sería el hecho de que el dictamen galo hubiera tenido carácter ejemplarizante para el resto de países. No obstante, Utor rechazó ayer este extremo.“El ‘tax lease’ de España no se parecía en nada al francés por lo que aquel dictamen nada podía aplicarse al caso español. Por otro lado, ¿cómo entender que el sistema español es ilegal a la luz del sistema francés cuando cuatro años después, en 2009, la entonces comisaria de Competencia, Nelly Kroes, dijo que no veía ningún problema y luego se tardó en total seis años hasta que el Comisario Almunia decidió abrir expediente contra España?”, se preguntó Utor, quien insistió en que si hay que devolver el dinero debe ser a partir de septiembre de 2011.
“Tax lease”: Hundidos, pague quien pague
La preocupación por la decisión de la Comisión Europea en torno al régimen fiscal de “tax lease” aplicado en España entre 2002 y 2011 en la construcción de buques se agrava por momentos. El 17 de julio el Colegio de Comisarios tomará una decisión sobre la validez o no de este sistema si bien la ilegalidad se da por descontada y los esfuerzos se centran en evitar que Europa obligue a devolver las ayudas. Si es así, ¿quién debería devolverlas? La respuesta no es fácil pero la conclusión general sí: pague quien pague, una decisión en este sentido afectaría a todos los agentes intervinientes del proceso y dañaría irremediablemente la industria naval española.
- 29 septiembre 2018 01:44
- Última actualización
29 septiembre 2018 00:44