Almunia aclaró el lunes que en la propuesta de decisión que llevará el 17 de julio ante el colegio de comisarios, se precisa «taxativamente que quienes tienen la obligación de devolver las ayudas son los grupos de interés económico y los inversores que participaron en estos grupos de interés económico, que no son astilleros, y quienes compraron los buques a los astilleros”, es decir, los armadores y los inversores.Precisamente para hoy está convocada una rueda de prensa en Madrid de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) para dar a conocer su posición ante estas últimas declaraciones del comisario Almunia.A este respecto, los expertos insisten en que se reduzca el alarmismo y en que se espera a ver qué decisión toma la Comisión.Según Mercedes Duch, del bufete San Simón & Duch, “se está asumiendo que ya hay decisión de la Comisión Europea cuando no es así”.DevoluciónPara Mercedes Duch, que finalmente el régimen de “tax lease” anterior sea declarado contrario a las reglas europeas de competencia “no tiene necesariamente que implicar la devolución de lo percibido”.Hay que tener en cuenta, añade Duch, que el “tax lease” no es un régimen de “ayudas” que haya dado Europa sino que es un régimen fiscal que se adoptó en España con plena cobertura legal del Gobierno de entonces. No se trataría de “devolver” lo que la UE dio al sector, sino que la normativa fiscal aprobada entonces por el Gobierno sea declarada contraria a la normativa europea y, por tanto, que la situación deba retrotraerse al momento anterior a la aprobación de la normativa nacional por la que se estableció el régimen el tax lease en España, afirma Duch, quien apunta a la prudencia y manifiesta que “es necesario esperar a estudiar con detenimiento la decisión europea”.Lo que no puede pasarse por alto es que “el régimen de ‘tax lease’ sigue siendo una de las fuentes de capacidad financiera en el sector de la construcción naval” y ahora hay un sistema distinto que está en vigor y que en opinión de la socia de San Simón & Duch, “la seguridad jurídica demanda que por parte de las instituciones europeas exista un conocimiento y una aprobación a este régimen a fin de no repetir errores de enormes consecuencias”.