La terminal de Ros Casares en Sagunto estaba destinada al tráfico de siderúrgicos, una operativa ligada al fallido proyecto Brava Steel. Después de seis años desde la adjudicación, la empresa no había iniciado las obras y a finales de 2012 solicitó la extinción de la concesión a la Autoridad Portuaria de Valencia. El Consejo de la APV, en su sesión del pasado mes de diciembre, desestimó esta solicitud.