Esta visita de los comisarios europeos a Canarias es producto de la respuesta de Gabriel Mato, presidente de la comisión, a los reiterados viajes y reuniones con los distintos agentes implicados, en Bruselas y Estrasburgo, que ha realizado una delegación canaria liderada por José Juan Ramos, presidente de Fedeport, y Miguel Rodríguez, representante de los trabajadores del Puerto de Las Palmas. "Se trata de un logro muy importante que la Comisión haya viajado a Gran Canaria", expone Rodríguez, "pues podrán comprobar todo aquello que les hemos trasladado en Europa, identificarse en mayor medida con nuestra situación y votar con pleno conocimiento de causa la derogación de este acuerdo".Ayer los miembros de la Comisión de Pesca escucharon la propuesta que los empresarios y trabajadores del Puerto de La Luz han elaborado para paliar los efectos que este Protocolo está causando, un proyecto que, en palabras de José Juan Ramos "responde, de forma conjunta, a las necesidades tanto del sector en la UE como en Mauritania, a la vez que contempla las particularidades propias de Canarias como región ultraperiférica en el ámbito de su desarrollo económico interno e igualmente en el marco de sus relaciones de vecindad".Se trata de poner en marcha un proyecto de colaboración en el que las autoridades españolas, europeas y mauritanas se impliquen y que establezca un periodo transitorio en el que de manera paulatina y decreciente vayan dejando los buques pesqueros de desembarcar en el Puerto de La Luz para hacerlo en Mauritania. Durante estos años los empresarios y trabajadores canarios se comprometerían a facilitar la implantación de las infraestructuras y servicios necesarios para afrontar con garantías de calidad y seguridad las operaciones de descargas, ya que en la actualidad no existen. Durante esos años Canarias podría buscar alternativas de actividad al desembarco de la pesca y no perder de repente una industria productiva que ha dejado sin futuro a más de 3.000 familias.La propuesta canaria, además, establece la adopción de medidas compatibles y coherentes con el resto de políticas comunitarias, particularmente con las que afectan a las regiones ultraperiféricas y, en concreto, las referidas al impulso de las actividades económicas como frontera exterior de la UE que deben ir también ligadas a los acuerdos pesqueros; al contrario de lo que ocurre con el Protocolo en vigor.