Según han asegurado fuentes de la Agencia Tributaria a este Diario, "la Agencia Tributaria ha iniciado procedimiento de derivación de responsabilidad por levantamiento del velo a dos sociedades con domicilio fiscal en Canarias, utilizado por un conglomerado societario compuesto en el archipiélago por 17 sociedades, si bien el conglomerado a nivel nacional está compuesto de 61 sociedades en total dedicadas al transporte de mercancías, principalmente por vía marítima".Según las mismas fuentes, el conglomerado societario mantiene deudas con las Administraciones Públicas a nivel nacional por un importe total de 40 millones de euros, de los cuales 30 millones están en fase de embargo.
La actuación, denominada "Operación pancho", ha sido fruto de la colaboración entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de Canarias.
DesarrolloLa trama comenzó a destaparse cuando el presidente de la AP de Las Palmas solicitó colaboración a la Agencia Tributaria para el cobro de tasas de concesión de actividad portuaria que las empresas deudoras estaban dejando de ingresar desde el año 2008, lo que suponía una competencia desleal a otras empresas prestadoras del mismo servicio mediante el abaratamiento de los precios y el cierre de las mismas.En septiembre de 2012 la AEAT comenzó a analizar el funcionamiento del conglomerado en las islas con el estudio de entre otros extremos, relaciones societarias, 165 cuentas bancarias, vinculación de las operaciones realizadas con terceros desde el 2010 y la detección del testaferro utilizado a través de redes sociales.La AEAT dejó operar a la última de las sociedades creadas en febrero de 2012, retrasando la concesión de las diferentes autorizaciones necesarias para el principal recinto portuario de Canarias. Esta última sociedad estuvo en plenas condiciones de funcionamiento en el mes de octubre de 2012. Con tan sólo tres trabajadores declaró una facturación de aproximadamente 35 millones de euros en apenas tres meses, aseguran desde la AEAT.Con esta información, y el factor sorpresa, se pudo realizar la totalidad de las 126 actuaciones de embargo (se han adoptado medidas cautelares con la personación simultánea en 10 provincias y embargos cautelares de pagos realizados al grupo por parte de 126 clientes de dicho grupo) en aproximadamente dos horas desde la notificación del inicio del procedimiento.
La Agencia colaborará con la Fiscal de Delitos Económicos en Canarias para continuar el procedimiento en sede judicial.
Desde el pasado martes se está citando a los administradores de las empresas a las que prestaban sus servicios las sociedades del Grupo en Canarias con la finalidad de completar el expediente y valorar su remisión a la fiscalía para su tratamiento a nivel nacional.