Desde los sindicatos señalan que el veto "supone que más de 5.000 trabajadores y trabajadoras de todos los puertos estatales no tendrán convenio colectivo a partir del 8 de julio, ni acuerdos de empresa", lo que lleva a "eliminar de un plumazo un convenio colectivo que ha recogido más de 30 años de negociación colectiva, pasando a tener en todas las autoridades portuarias como única referencia legal en las relaciones laborales las normas de mínimo de derecho necesario".