- 03 abril 2023 13:57
- Última actualización
03 abril 2023 16:38
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La representación española en el Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional (OMI), que fue clausurado el pasado viernes en Londres, lidera un proyecto de resolución para instar a la Asamblea de esta entidad, máximo órgano de decisión, a abordar las consecuencias y preocupaciones por el aumento de las operaciones de trasvase de petróleo buque a buque en alta mar, más conocido como STS (ship to ship).
España ha presentado esta propuesta en un contexto complejo en el que, debido a las sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea por la guerra en Ucrania, se están incrementando las operaciones STS de buques petroleros rusos y/o de crudo procedente de Rusia fuera del espacio marítimo español, pero en aguas próximas a Ceuta.
La OMI ya regula las STS en el Convenio Marpol de lucha contra la contaminación procedente de buques. El Anexo I de este Convenio recoge, entre otras cosas, que cuando un buque vaya a realizar una operación de trasbordo de carga (petroleros, sea cual sea su carga y procedencia) debe notificarlo siempre al Estado en cuyas aguas de soberanía se vaya a realizar el STS y el Estado debe autorizarlo de forma expresa.
Si bien, España propondrá a la OMI un incremento de esta regulación dado que este trasbordo de carga representa un alto riesgo potencial de causar un accidente que genere contaminación o amenaza de contaminación y, en consecuencia, puede provocar graves daños para las costas o intereses de Estados próximos.
Todo ello, sin obviar la existencia de prácticas ilegales para eludir sanciones internacionales, como está ocurriendo en el caso del petróleo ruso, o la utilización de buques que, a veces, adolecen de las garantías suficientes en materia de seguridad y prevención de la contaminación. El Comité jurídico ha avalado la opinión de España en este sentido.
Amplio apoyo
La propuesta presentada por España ha contado con un amplio apoyo tras un extenso debate en el que intervinieron cerca de 25 delegaciones. También se pondrá en conocimiento de otros órganos de la OMI, además de la Asamblea, como el Comité de Protección del Medio Marino (MPEC).
Hasta que la Asamblea se celebre, en diciembre de este año, España intensificará sus contactos internacionales para trabajar la propuesta en estrecha colaboración con otros estados miembros de la OMI, como Australia, Canadá o Estados Unidos. Una propuesta que, sin duda, redundará en beneficio de la protección del medio ambiente y la seguridad marítima.