En el marco de este análisis, ¿qué papel debe ejercer Puertos del Estado?
El liderazgo. Por ejemplo, Puertos del Estado debería estar publicando periódicamente un informe de coyuntura internacional marítima; debería avanzar en el ánálisis de la gobernanza portuaria a nivel internacional, en el análisis de la eficiencia de las concesiones y sus marcos temporales, el análisis del reto de la descarbonización, el análisis de los buques, su tamaño y qué puertos y cómo pueden ser atendidos. Si solo cuatro puertos pueden atender buques de más de 24.000 TEUs, ¿para qué queremos 28...? Todo eso es lo que debe hacer Puertos del Estado, con un gran departamento que nos vaya dando toda esa actualización y previsión.
¿Y en cuanto a su labor de supervisión, que algunos peyorativamente califican de fiscalización?
Es todo muy sencillo. Ahí están los planes de empresa. Cada año el Consejo de Administración de cada autoridad portuaria elabora su Plan de Empresa. Centrémonos en analizar cuál es su grado de cumplimiento. Exijamos a las autoridades portuarias que midan este cumplimiento y que sean transparentes para comunicar lo que han cumplido y lo que no y por qué. La ley exige que se sea transparente en esta cuestión.
¿Cree que se es muy firme a la hora de negociar y aprobar el Plan de Empresa pero muy laxo a la hora de supervisar y exigir su cumplimiento?
Lógico, porque ahí interviene la gobernanza diplomática, pero el integrante de la comunidad portuaria tiene derecho a saber si su puerto cumple o no con aquello a lo que se ha comprometido. Si a todos nos exigen en todos los ámbitos y nos miden los ratios, lo mismo debemos hacer en los puertos.
Las autoridades portuarias se quejan a menudo de las trabas administrativas que se establecen en la toma de decisiones y en su ejecución, trabas que limitan la agilidad y flexibilidad en la gestión. ¿Es posible hallar el punto medio entre contar con un estado garantista y contar con una gestión pública eficiente?
Afortunadamente nuestras leyes son garantistas y nos obligan a supervisarlo todo, pero eso no quita para que las autoridades portuarias tengan razón y se pueda ser más ágil. Por un lado, se podrían unir procedimientos, de tal forma que no vayan por caminos separados, y por otro lado los plazos podrían ser menores, incluso en determinados casos algunos procedimientos podrían ser delegados en las propias autoridades portuarias o administraciones locales o autonómicas.