Fedeport valora como insuficiente la reducción de las tasas portuarias
En opinión de Fedeport, la reducción de las tasas propuesta por el RD 15/2020 de 22 de abril “está muy lejos de compensar los graves efectos de la caída de la actividad que estiman las empresas portuarias consultadas para el cierre de 2020”.
- 24 abril 2020 15:54
- Última actualización
24 abril 2020 15:01
En la reunión mantenida con el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, Fedeport ha llegado a la conclusión “de que el real decreto llega tarde, se queda muy corto después del filtro realizado por Hacienda, y se aleja de la valoración de los graves daños producidos como consecuencia del COVID 19”.
“La mayor parte de las medidas propuestas en el RD son en la práctica inaplicables, con un trámite administrativo complejo y escaso valor cuantitativo. Además, para mayor preocupación no se prevén cambios por parte del Ministerio de Hacienda, lo que impide que prospere cualquier propuesta realista del sector portuario, de las Autoridades Portuarias e incluido del propio Ente Público Puertos del Estado”, ha señalado Fedeport.
En la medida de poder acceder a las reducciones posibles aprobadas, concretamente respecto a la tasa de actividad, se ha comunicado a Fedeport que informe a las empresas portuarias que es necesario que comuniquen a la APLPA a la mayor brevedad posible, la solicitud expresa de que le sea dejado sin efecto para el año 2020 el límite inferior de la cuota íntegra anual de la tasa de actividad establecido en el artículo 188.b).2.o1 del TPEMM.
Asimismo durante la reunión se confirmó, en línea con el citado RD, que también se deberá solicitar expresamente la eliminación del pago anticipado de la tasa de actividad, de manera que la liquidación se difiera al final del ejercicio en función de la actividad efectivamente desarrollada.
Ampliación de los plazos concesionales
Por otro lado, después de analizar multitud de propuestas, Fedeport y los representantes de la APLPA, entienden que con el objeto de paliar la paralización de la actividad portuaria, se debiera estudiar una fórmula que permitiera la ampliación de los plazos concesionales con el objeto de equilibrar la situación y mitigar a futuro los efectos de la crisis. Se realizaron varias propuestas llegando a la conclusión de que debería diferenciarse entre aquellas concesiones administrativas con evidentes inversiones portuarias, las que se han visto afectadas con paralizaciones parciales o caídas de actividad y en mayor medida, para todas aquellas concesiones ubicadas en la zona Puerto Ciudad y cuya paralización es total.
Sobre este último aspecto, Fedeport volvió a hacer énfasis en la necesidad de suspender la totalidad de las tasas de ocupación y actividad para las concesiones con paralización total de su actividad empresarial y que se encuentren ubicadas en el espacio Puerto Ciudad y por lo que habría que promover una modificación del mencionado RD.
Respecto a la reunión, Fedeport ha querido resaltar la actitud positiva del Presidente, Luis Ibarra y del Director, Francisco Trujillo, “quienes manifestaron en todo momento su voluntad de aplicar, al máximo de sus competencias, las posibilidades recogidas en el RD, siempre dentro del rango legal permitido. Por otro lado, manifestaron su voluntad de estudiar y promover cuantas iniciativas empresariales les fuesen presentadas”.
Ámbito medioambiental
En materia medioambiental, Fedeport volvió a reiterar la necesidad de vigilar los posibles vertidos incontrolados que se pueden estar produciendo en el puerto de las aguas fecales de los buques tanto en muelle como en fondeo.
Y finalmente la Federación concluye como acción urgente por parte de todos los ayuntamientos que tengan puertos de titularidad estatal, como lo son Aguimes, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto del Rosario, la extrema necesidad de bajar el tipo de gravamen mínimo legal en el que se encuentra el Impuesto sobre Bienes de características Especiales (IBI portuario). Esta, asegura Fedeport, sería una medida eficaz para las empresas portuarias, “pues estas llevan pagando el máximo legal desde la crisis financiera de 2009 hasta la actual crisis sanitaria, en un contexto en el que los ayuntamientos no prestan servicios en los recintos portuarios, por lo que estas están doblemente gravadas”.