Otro de los proyectos puestos en marcha en este 2025 en Port de Barcelona ha sido el acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para regular la actividad crucerística. Este acuerdo, contempla un nuevo marco que se pondrá en marcha antes de 2030 basado en la contención del crecimiento, la modernización de infraestructuras y una mayor integración urbana. El acuerdo marca un punto de inflexión al establecer, por primera vez, un límite explícito al número de terminales de cruceros, que se reducirá de siete a cinco en el muelle Adossat.
El protocolo contempla el derribo de las tres terminales más antiguas (la A, B y C) y la construcción, en el espacio de la actual terminal C, de una nueva terminal pública más eficiente y sostenible. Esta instalación tendrá capacidad para atender hasta 7.000 pasajeros de forma simultánea y se convertirá en la única terminal de titularidad pública del recinto, que pasará a contar con cuatro terminales privadas y una pública.
La reducción del número de terminales supondrá una disminución del 17% de la capacidad de acogida de cruceros del puerto, un ajuste que busca equilibrar la actividad turística con la calidad de vida urbana y responder al impacto de la masificación turística. La reordenación se acompañará de la rehabilitación integral de un tramo de 610 metros del muelle Adossat, correspondiente a las actuales terminales A y B, con una inversión de 50 millones de euros de Port de Barcelona.
El futuro modelo crucerístico se apoyará también en una estrategia de movilidad sostenible. El acuerdo incluye el desdoblamiento del puente Porta de Europa, incorporando itinerarios para peatones y bicicletas; la creación de un corredor urbano por el frente litoral de Montjuïc para transporte público, taxis, VTC y movilidad activa; y la elaboración de un estudio específico sobre la movilidad generada por los cruceros. Este estudio permitirá implantar medidas como servicios regulares de lanzaderas, sistemas de monitorización permanente y herramientas informativas para reducir la congestión.
En conjunto, el derribo de terminales, la nueva infraestructura pública y las actuaciones en movilidad supondrán una inversión público-privada de 185 millones de euros, consolidando un modelo de cruceros más sostenible, ordenado y compatible con la ciudad.