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Gijón aborda en Bruselas la liquidación del proyecto de ampliación

  • Última actualización
    17 abril 2026 11:05

Como resultado del encuentro, ambas partes —el Reino de España y la Comisión Europea— acordaron intercambiar documentación adicional para aclarar determinados aspectos técnicos sobre los que aún subsisten dudas.

BRUSELAS. La Autoridad Portuaria de Gijón celebró ayer en Bruselas una reunión técnica con representantes de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, del Ministerio de Economía y Hacienda y de Puertos del Estado, con el objetivo de avanzar en la liquidación definitiva del proyecto de ampliación del Puerto de Gijón y de la ayuda del Fondo de Cohesión asociada al mismo, cuyo saldo final pendiente de abono asciende a 49,5 millones de euros y se encuentra sin liquidar desde 2011.

“El objetivo y la prioridad de la Autoridad Portuaria de Gijón es el desbloqueo definitivo del expediente europeo y el cobro íntegro del saldo final de la ayuda comunitaria”, ha señalado su presidenta, Nieves Roqueñí.

La reunión celebrada ayer, solicitada formalmente por la Autoridad Portuaria de Gijón a través de los cauces oficiales del Reino de España y preparada de manera coordinada con el conjunto de las administraciones implicadas, constituye un hito de especial relevancia.

Se trata de la primera interlocución directa del Puerto de Gijón con la Comisión Europea en más de quince años para exponer, de forma ordenada y rigurosa, sus argumentos técnicos y jurídicos sobre la ejecución del proyecto.

Durante la reunión se puso de manifiesto que todas las incidencias surgidas a lo largo de la obra fueron resueltas de manera satisfactoria, permitiendo culminar una infraestructura de extraordinaria complejidad en un plazo especialmente reducido para un proyecto de esta envergadura.

Como resultado del encuentro, ambas partes —el Reino de España y la Comisión Europea— acordaron intercambiar documentación adicional para aclarar determinados aspectos técnicos sobre los que aún subsisten dudas. Asimismo, la Comisión Europea deberá pronunciarse sobre las cuestiones de fondo y de forma planteadas por la delegación española, entre ellas la prolongación injustificada del expediente durante más de quince años, una circunstancia que podría vulnerar los principios de buena administración recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

“La Autoridad Portuaria de Gijón valora la reunión de forma positiva y confía en que el trabajo técnico y coordinado permita culminar el cierre definitivo del expediente en el menor plazo posible, poniendo fin a una situación de incertidumbre prolongada y garantizando el reconocimiento pleno de los derechos económicos que legítimamente corresponden al Puerto de Gijón”, ha declarado Nieves Roqueñí.

En la reunión se constató que, a pesar de las resoluciones del Tribunal de Cuentas y, de manera especialmente relevante, de la sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2023, no se había articulado hasta ese momento una actuación sostenida y eficaz orientada a exigir el cumplimiento de dichas resoluciones ni a trasladar su contenido a las instituciones europeas competentes.

Estas resoluciones judiciales confirmaron de forma inequívoca que el procedimiento de contratación, ejecución, modificación y liquidación de las obras de ampliación del Puerto de Gijón se desarrolló plenamente conforme a la legalidad vigente.

Sentencia de la Audiencia Nacional

La sentencia de la Audiencia Nacional desacreditó expresamente el informe de la OLAF que dio origen al procedimiento y que había sustentado durante años la posición de las partes acusadoras, al concluir que carecía de una base técnica y jurídica mínimamente sólida.

Asimismo, el tribunal puso de manifiesto que el dictamen de las peritos designadas entre personal de la IGAE no desvirtuaba la validez y legalidad del procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución de las obras, llegando las propias peritos a reconocer ante la Audiencia que no disponían de los conocimientos técnicos especializados necesarios para responder a las cuestiones planteadas.

Pese a la claridad y contundencia de esta resolución judicial, dictada en julio de 2023, su contenido no fue trasladado a las autoridades europeas hasta transcurridos más de ocho meses. Ante esta situación, el nuevo equipo al frente del puerto ha impulsado una actuación coordinada del conjunto de la Administración del Reino de España, exigiendo una defensa activa y alineada en todas las instancias.

Como resultado de esta iniciativa, la Comisión Europea presentó en julio de 2025 una nueva propuesta de cierre del proyecto, en la que redujo de forma sustancial la corrección financiera inicialmente planteada — que ascendía a la totalidad de los fondos, 247,5 millones de euros— y propuso limitarla a 32,7 millones de euros, que se descontarían del saldo final pendiente de 49,5 millones de euros.

No obstante, dicha propuesta seguía fundamentándose en supuestas irregularidades basadas en los informes periciales ya desautorizados por la Audiencia Nacional, tal y como se recoge expresamente en el fundamento jurídico segundo de su sentencia de julio de 2023.

Por este motivo, la Autoridad Portuaria de Gijón manifestó su rechazo a esta propuesta y reiteró su reclamación del abono íntegro del saldo pendiente, ofreciéndose a mantener una reunión técnica directa con la Comisión Europea, que finalmente tuvo lugar ayer en Bruselas.