La Autoridad Portuaria de Barcelona apuesta por “mantener el diálogo abierto” con los trabajadores de la entidad tras el anuncio de movilizaciones por los posibles ajustes salariales.
Barcelona. El conflicto se ha abierto recientemente a raíz de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el que se identifica una diferencia entre la masa salarial autorizada y la masa salarial efectivamente abonada en determinados conceptos retributivos, según señalan desde la Autoridad Portuaria de Barcelona.
Desde la institución argumentan que se trata de un desajuste técnico acumulado a lo largo del tiempo, vinculado a conceptos salariales pactados históricamente en el marco de las relaciones laborales de la organización, algunos de los cuales tienen su origen hace décadas. Desde la Autoridad Portuaria remarcan que “en ningún caso responde a una mala praxis por parte de la Autoridad Portuaria, sino a una situación que ahora los órganos de control requieren regularizar de acuerdo con la normativa vigente”.
Para el Comité de Empresa los ajustes responden al cuestionamiento de un complemento retributivo “plenamente consolidado”
Una regulación que, según el Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Barcelona, responde al cuestionamiento de un complemento retributivo que la plantilla percibe desde antes de 1998 y que consideran “plenamente consolidado”.
Propuesta y movilizaciones
Tras el informe de la IGAE, desde la Autoridad Portuaria de Barcelona señalan que la Dirección ha informado a la plantilla “de manera transparente” sobre la propuesta que será trasladada a los organismos competentes para su valoración. Una propuesta que plantea que, en lugar de aplicar íntegramente los futuros incrementos salariales que pueda aprobar el sector público, una parte de estos incrementos se destine temporalmente a corregir la desviación detectada. Según la AP de Barcelona, esto permitiría que los salarios continuaran aumentando, pero a un ritmo inferior, evitando una reducción de las retribuciones actuales.
La propuesta de la APB plantea que, en lugar de aplicar íntegramente los futuros incrementos salariales, una parte de estos incrementos se destine temporalmente a corregir la desviación detectada
Esta propuesta se rechaza desde el Comité de Empresa de la APB, que asegura que el informe de la Intervención establece un plazo de un año para resolver las posibles desviaciones detectadas. Sin embargo, desde el Comité denuncian que la Autoridad Portuaria fijó el pasado 10 de julio como fecha límite para presentar medidas correctoras, “pese a que todavía no se conoce la respuesta de las distintas administraciones competentes en materia de masa salarial y de financiación del III Convenio Colectivo, entre ellas el Ministerio de Hacienda”.
Ante esta situación, la asamblea de trabajadores, que según informan desde el Comité de Empresa contó con la presencia de 350 empleados de la Autoridad Portuaria, acordó por unanimidad la convocatoria de movilizaciones, con un calendario de paros y huelgas.
Como primera acción, los trabajadores celebrarán una concentración el próximo 22 de julio coincidiendo con la reunión del Consejo de Administración de Port de Barcelona, donde entregarán un manifiesto suscrito por la plantilla afectada como medida de protesta.
