En la misiva, remitida por el presidente de Puertos de Tenerife, Carlos González, a Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia, se hace hincapié en la condición de “infraestructura crítica” del puerto de Santa Cruz de Tenerife, esto es, estratégica, de servicios esenciales y cuyo funcionamiento es indispensable para nuestra sociedad.
Concretamente son 12 los colectivos propuestos, todos trabajadores a pie de muelle, entre los que se encuentran los estibadores, prácticos, personal de remolcadores, amarradores, terminalistas, personal de limpieza y mantenimiento, policía portuaria y responsables de prevención de riesgos laborales.
Algo más de 600 trabajadores integran la lista de carácter nominal remitida al Gobierno de Canarias. Todos ellos hacen posible la actividad portuaria en las instalaciones de la provincia y afrontan una alta exposición al virus, muchas veces en espacios especialmente transitados como las terminales de pasajeros y de carga, y otros reducidos como los propios buques que recalan a puerto y los centros de inspección.
Protocolo anti COVID-19
Cabe recordar que asumiendo su responsabilidad como entidad pública, la Autoridad Portuaria tinerfeña cuenta con un Protocolo de actuación frente al COVID-19 certificado por AENOR. Para su obtención se valoraron, entre otros aspectos, la gestión de riesgos y de la salud en el trabajo, la formación, información y comunicaciones desarrolladas.
También tiene muy en cuenta las medidas organizativas adoptadas (control de aforo, distancias, pantallas), las de protección (uso de material de protección individual) o las buenas prácticas de limpieza e higiene.