La Autoridad Portuaria de Alicante recibió, el pasado mes de agosto, la solicitud de Terminales Marítimas del Sureste (TMS) para tramitar una modificación sustancial de su concesión administrativa en la zona sur del puerto, para que se le permitiera ceder el uso de una parcela de 14.500 metros cuadrados a favor de XC Business 90, S.L., empresa que pretende construir y explotar una instalación destinada al almacenamiento y distribución de combustibles en el muelle 19, con seis depósitos y una capacidad máxima de 94.386 toneladas.
Cumpliendo con la legislación vigente, la APA, en virtud de lo que establece el artículo 85 de la Ley de Puertos sometió a información pública el correspondiente expediente.
Una vez finalizado el plazo, ayer se abrió un periodo para el estudio técnico y jurídico de todas y cada una de las alegaciones. Finalizado dicho estudio el director de la Autoridad Portuaria elevará al presidente de la entidad portuaria un informe propuesta, que finalmente deberá ser sometido a la consideración del Consejo de Administración, compuesto por cuatro vocales en representación de la Administración General del Estado, cuatro en representación de la Generalitat Valenciana, uno en representación de la Cámara de Industria, Comercio y Navegación, uno en representación de las organizaciones empresariales, uno en representación de los sectores económicos relevantes en el ámbito portuario y uno en representación de las organizaciones sindicales.
Reacciones
El proyecto ha despertado el rechazo de determinados dirigentes vecinales y el del grupo municipal Guanyar Alacant, que ha presentado seis alegaciones en las que considera que el proyecto es “incompatible con el objetivo estratégico de integrar el ámbito portuario con el tejido urbano circundante. Guanyar Alacant también critica “la ausencia absoluta de documento alguno que analice, aunque sea someramente, el impacto ambiental sobre el entorno urbano y natural, el riesgo para la seguridad de las personas y de los bienes situados en el entorno portuario en caso de accidente grave, o el impacto paisajístico de unas instalaciones que cuentan con una altura de 30 metros, equivalente a un edificio de 10 plantas”
Asimismo, la formación política cuestiona la legalidad del proyecto fraccionado en dos fases y cree que también podría incumplirse la normativa sobre contratación pública y libre competencia si no se licita de nuevo la concesión otorgada en su momento a TMS al variarse sustancialmente las condiciones que en su día se tuvieron en cuenta para licitar la concesión
Finalmente, Guanyar Alacant ha expresado sus “dudas sobre la solvencia económica de la empresa que pretende instalar la macroplanta en el Puerto, tanto por el insuficiente importe del aval depositado, como por tratarse de una empresa que tiene un administrador único con cuya capacidad económica dudamos que pueda ser capaz de sacar adelante en solitario un macroproyecto de este tipo”.