La FUPV señala en un comunicado la reciente concesión a un titular de una serie de carpas o instalaciones desmontables que ocupan una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados, así como la la aprobación a favor de ste titular de una concesión de 49.000 metros cuadrados, “lo que supone retener o hipotecar ese espacio por unos 35 años, prorrogable por 15 años más”.
Falta de información
“En ambos casos -añade- se han realizado sin la concurrencia de los principios de información, transparencia, libertad, publicidad, igualdad de oportunidades, libre competencia, etc. y además supone dejar al resto de usuarios sin espacio durante un largo periodo de tiempo, lo que viene a ser una privatización encubierta del puerto”.
La FUPV va más allá y censura que los miembros del Consejo de Administración que deben aprobar estas adjudicaciones “no tenían la información necesaria antes de cada Consejo, no se han respetado los procedimientos establecidos para ello y sobre todo no se permite la implicación del sector empresarial en la toma de decisiones del Puerto, sin saber qué papel juegan en estos asuntos la Abogacía del Estado o los Consejeros que representan instituciones como Xunta, Ayuntamiento, sindicatos, etc.”
Control
El colectivo se refiere también al reciente informe de la Intervención General del Administración del Estado que, califica como “preocupante” al recoger, según explica en el comunicado “la falta de implementación de mecanismos de control en el Puerto de Vigo, lo que implica que cuestiones tan delicadas como estas generen importantes consecuencias legales”.
Finalmente, la FUPV reclama que “las organizaciones que representan a los usuarios que trabajan y conocen perfectamente el Puerto, y que generan la mayoría de puestos de trabajo que sostienen su día a día, estén presentes y participen en los Consejos de Administración del Puerto de Vigo, para que este sea cada día mejor, más competitivo, justo y sostenible”.