A preguntas del diputado Joan Baldoví, del Grupo Parlamentario Plural, sobre qué inversiones va a hacer en 2022 la Autoridad Portuaria de Valencia en las obras de la Ampliación Norte, el presidente de Puertos del Estado afirmó que “como habrán visto en los presupuestos para 2022 se recogen diez millones de euros para la ampliación del Puerto de Valencia, diez solo”.
“¿Por qué? -se preguntó Toledo- Pues para que si el puerto efectivamente adjudica la concesión que sacó a concurso público y si aprueba los proyectos de inversión correspondientes, pueda empezar a ejecutarlo”.
El presidente de Puertos del Estado, que acompañó estas palabras con evidentes gestos con las manos que invitan a pensar que el asunto se va a prolongar en el tiempo, añadió que “como ven, el hecho de que pongamos 10 millones de euros se ve que va a ser un proyecto muy dilatado en el tiempo”.
Preguntado igualmente por el diputado Baldoví sobre si Puertos del Estado tiene previsto solicitar una nueva DIA en lo referente a la ampliación, Toledo aseguró que “una nueva DIA nosotros ni la podemos pedir ni la podemos dejar de pedir porque quien la tiene que pedir es el órgano sustantivo que es la Autoridad Portuaria de Valencia”.
De igual forma, preguntado sobre si a su juicio la DIA de 2007 es válida para afrontar las actuales obras de ampliación, Francisco Toledo aseguró que “el tema de la DIA de 2007 no es una cuestión de opinión acerca de si es válida o no. La DIA de 2007 es una cuestión jurídica “.
Por ello, según Toledo, en un asunto como este lo que hay que hacer es recurrir a lo que fija la legislación, donde se indica que hay 6 cuestiones esenciales que si se cumplen en todos los casos permiten que la DIA siga siendo válida y si no se cumple aunque sea uno solo no es valida y es necesaria una nueva”.
En este sentido, con respecto a la DIA de 2007, Toledo insistió el miércoles que OPPE hizo un informe en el que se limitó a indicar a la Autoridad Portuaria de Valencia que había que mejorar dos cuestiones técnicas del proyecto y que visto esto no parecía que se incumplieran.
“En todo caso, a quien le corresponde valorarlo es al órgano sustantivo”, insistió Toledo.
El presidente de Puertos del Estado realizó estas declaraciones con motivo de la comparecencia en el Congreso de los Diputados para exponer las inversiones del sistema portuario estatal de cara a 2022.
En este sentido, Toledo desgranó los distintos datos que Diario del Puerto ya les ha venido adelantando a lo largo de los últimos días en cuanto a facturación prevista del sistema (1.141 millones de euros), en cuanto a beneficios (164 millones de euros) y en cuanto a inversión (925 millones de euros), reiterando Toledo su preocupación por el reiterado problema de la baja ejecución presupuestaria.
“Como habrán visto en los presupuestos para 2022 se recogen diez millones de euros para la ampliación del Puerto de Valencia, diez solo”
“Una nueva DIA nosotros ni la podemos pedir ni la podemos dejar de pedir porque quien la tiene que pedir es el órgano sustantivo”
“Si no se aprueba una fórmula que dé seguridad jurídica a las empresas estibadoras, el conflicto será de dimensiones enormes” Como no podía ser de otra forma y aunque el presidente de Puertos del Estado dejó claro que “no es una cuestión presupuestaria”, Francisco Toledo no pudo evitar en su comparecencia referirse al tema de la estiba a preguntas del Grupo Parlamentario Popular.Al respecto, Toledo aseguró que “tenemos un problema muy serio porque la primera legislación de reforma de la estiba concibió los Centros Portuarios de Empleo (CPE) como empresas de trabajo temporal, una consideración jurídica que no es suficiente”.“Los Centros Portuarios de Empleo no buscan el beneficio, sino mutualizar la fuerza de trabajo, un aspecto fundamental que hace que debamos contemplar esta singularidad y dotarles de seguridad jurídica”, declaró el presidente de Puertos del Estado.
Toledo, que hizo especial hincapié en el carácter de mútuas de los CPE, no avanzó ningún nuevo plazo para la aprobación del nuevo real decreto ley que el Gobierno prepara para dar la referida seguridad jurídica a los CPE.Lo que sí advirtió Francisco Toledo es que “es un tema muy, muy, muy crítico, porque, desde luego, si no se aprueba una fórmula que le dé seguridad jurídica a las empresas para poder seguir adelante, estaremos ante un conflicto de unas dimensiones enormes, evidentemente”.“Ustedes tendrán la última palabra porque esto tiene que pasar por esta Cámara”, concluyó Toledo dirigiéndose a los diputados.
Toledo insistió el carácter mutualista de los CPE.